Daniel Lee
En el marco del Día Naranja y durante los 16 días de Activismo contra la violencia hacia las mujeres, la destacada labor de las mujeres indígenas rurales en la defensa del territorio resuena con fuerza. En estos espacios, las mujeres no solo son líderes, sino pioneras en la lucha por la igualdad, dejando en claro que las instituciones tienen una deuda pendiente en las comunidades y ejidos.
Y déjeme compartirles que el reciente estudio “Desigualdades de género en el acceso a la justicia agraria. Análisis comparado en cinco regiones del Estado de Oaxaca”, presentado ante el Tribunal Superior Agrario, es un faro de esperanza en la batalla por la equidad en las zonas rurales de México.
Revela un panorama desafiante: en un país donde más del 11% de la población laboral se dedica al sector primario, las mujeres rurales siguen enfrentando obstáculos colosales para acceder a sus derechos agrarios.
La estadística es elocuente: de más de cinco millones de personas con derechos agrarios, apenas el 1.4% son mujeres. Esta disparidad, mencionada por la Magistrada Presidenta de los Tribunales Agrarios, Maribel Concepción Méndez de Lara, refleja una brecha preocupante que clama por ser cerrada. Es imperativo que se dé un vuelco a esta realidad.
Los esfuerzos del sistema judicial para abordar esta brecha son notables. La Justicia Itinerante, concebida para llevar certeza jurídica a todos los rincones del país, ahora se enfoca en atender específicamente las necesidades de las mujeres rurales. Más de tres mil resoluciones favorables a las mujeres en el año pasado son un avance significativo, pero queda mucho por hacer.
Es vital comprender que la propiedad de la tierra no solo representa un derecho, sino un vehículo poderoso para el empoderamiento de las mujeres en entornos rurales. Además, constituye una barrera fundamental para prevenir la violencia patrimonial, un flagelo que aún aqueja a muchas mujeres en estas comunidades.
En este punto crucial, es esencial no solo celebrar los avances, sino comprometerse con acciones concretas. No podemos permitir que más mujeres sean excluidas de sus derechos. Los Tribunales Agrarios y otras instituciones relevantes deben unir esfuerzos para garantizar la igualdad de género en el sector agrario. La justicia y la equidad no pueden ser meros ideales, deben ser realidades tangibles para todas las mujeres rurales de México.
Este estudio no solo es un llamado a la acción, sino un recordatorio urgente de que la equidad no puede esperar. Es hora de que cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada mujer rural tenga acceso pleno a sus derechos agrarios. Solo entonces podremos hablar verdaderamente de un país con justicia y equidad para todos.
En este contexto, las palabras de la doctora María Concepción Núñez Escobedo, directora general de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, son un llamado a la acción ineludible. El derecho a la paridad de género no es negociable; es una realidad aplicable y ejercida por las mujeres que integran la organización y sus órganos representativos. La participación femenina es esencial, y las instituciones deben transformarse en garantes de este derecho consagrado por ley.
Es, sin duda, imperativo trascender las meras palabras y pasar a la acción concreta. La invitación de la doctora Núñez a sumarse a esta agenda de género es un eco que resuena. El trabajo de campo es crucial, como lo demuestran las Jornadas de Justicia Itinerante, donde recientemente en Villanueva, Zacatecas, se consolidaron acuerdos interinstitucionales para emitir documentos en favor de 140 mujeres, fortaleciendo así su certeza jurídica y patrimonial.
El Magistrado Salvador Pérez González, del Tribunal Unitario Agrario 21, enfatiza un punto clave: el género no debe ser un criterio para determinar la idoneidad de una persona en cargos directivos. Esta declaración resalta la importancia de la capacidad y el compromiso por encima de cualquier otro factor.
El relato de Karla Eréndira Gutiérrez Rodríguez, Presidenta del Comisariado Ejidal de Bienes Comunales de Santo Domingo Yanhuitlán, es un testimonio viviente del impulso que motiva la participación activa de las mujeres en sus comunidades. Rechazar las estadísticas que reflejan la falta de certeza jurídica y patrimonial es un paso vital hacia la transformación.
La contribución de estas mujeres rurales hacia el camino de la igualdad y la justicia es un esfuerzo colectivo. Las instituciones deben unirse, transformarse y comprometerse más, haciendo honor a la valentía y el compromiso de estas líderes rurales. Solo así podremos avanzar hacia un futuro donde todas las mujeres, sin excepción, disfruten de sus derechos y participen plenamente en la construcción de comunidades más justas y equitativas. ¿Usted qué opina? Hasta la próxima…
