Ante el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reclamó que no se haya aprobado ya el desafuero del diputado Saúl Huerta, exmorenista acusado de agresión sexual y violación de menores de edad.
“(Eso) envía una señal contradictoria muy negativa porque debemos ser los principales interesados en erradicar este tipo de conductas ilícitas y más desde el servicio público y la representación popular”, dijo Encinas en ocasión del Foro Hacia los diez años de la Ley Contra la Trata de Personas.
Lamento que se haya excluido de este periodo extraordinario de sesiones del @senadomexicano el desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual a menores”, expresó el subsecretario de gobernación durante el foto Hacia los diez años de la Ley contra la Trata de Personas, mismo que se realizó en el vieja casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de República.
Monreal expresó que los funcionarios públicos debe de respetar el trabajo que se hace en el poder legislativo, así como ellos respetan el actuar del gobierno federal.
“No le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas, estamos haciendo nuestro trabajo, como respetamos el suyo, también quisiéramos que nos respetaran el nuestro. Son tiempos del Congreso. Le pediría simplemente su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad”, señaló el ex gobernador de Zacatecas.
El senador también aseveró que el próximo martes 3 de agosto se reunirá la Comisión Permanente del Poder Legislativo y le aseguró al subsecretario que en ninguna de las cámaras van a proteger a ninguna persona, pero que el proceso va lento porque así lo marca la ley.
Posteriormente, dijo, se va a plantear un nuevo Periodo Extraordinario para que los desafueros que se tienen pendientes sean tratados en la Permanente. “No se va a dar carpetazo a nadie”, sentenció el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
Asimismo, Encinas se dirigió directamente a Monreal para referir que en Morena deben de ser los principales interesados en erradicar las prácticas ilícitas del servicio público y de la representación popular.
