Ivonne Melgar
Retrovisor
Acaso por intuición, olfato jurídico o porque la división de Poderes es la piedra que más molesta al gobierno, en su primer informe como titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña defendió el principio de la deliberación democrática.
En ese mensaje del 14 de diciembre, la ministra presidenta recordó que durante 2023 el pleno de la SCJN resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, personas integrantes del Congreso de la Unión, y el INE en contra de dos decretos que reformaron leyes en materia político-electoral.
Se refería Norma Piña al llamado plan B, la iniciativa presidencial que, por la vía de una reforma a leyes secundarias, afectaba artículos de la Constitución, según los legisladores de oposición y los 11 consejeros electorales que entonces avalaron esa controversia constitucional.
“Al respecto –dijo en su informe la ministra presidenta– el pleno invalidó ambos decretos porque la mayoría del Congreso de la Unión incurrió en violaciones al procedimiento legislativo. A través de esta resolución, la Corte contribuye a la protección de la Constitución, la legalidad, el respeto a los derechos fundamentales y, principalmente y de forma relevante, al principio de deliberación democrática”.
Y en seguida, Norma Piña agregó: “Este criterio no es nuevo, desde hace más de 15 años, y en más de 30 ocasiones, la Corte ha sostenido que el respeto a las formalidades del proceso legislativo es esencial para que nuestro régimen sea verdaderamente democrático. Las fuerzas políticas van cambiando, así es, van cambiando con el paso del tiempo, las minorías pasan a ser mayorías y viceversa, pero este criterio de la Corte ha permanecido constante por más de una década”.
Esa deliberación democrática significa respetar la pluralidad del Poder Legislativo, escuchar las voces de las minorías, sin albazos ni madruguetes ni la recurrente “dispensa de trámites” a la que Morena recurre permanentemente para aplicar su mayoría simple en temas que, para transitar con legalidad, requerirían de una mayoría calificada, es decir, del voto de las dos terceras partes de los diputados y de los senadores.
Y de eso se trató el mensaje de toma de protesta este jueves 4 de enero de la ministra Lenia Batres Guadarrama cuando señaló que la Corte se ha extralimitado.
Entre los reclamos que la abogada morenista hizo a sus compañeros de la Sala Superior incluyó el de la deliberación democrática.
Aunque ella minimizó el asunto señalando que los “errores de procedimiento” y los “formalismos procedimentales” no pueden estar por encima de la obligación de la SCJN de resolver los casos que le llegan.
La ministra Lenia Batres cuestionó que la Corte cumpla con su naturaleza, la de interpretar cómo se está aplicando la suprema ley, es decir, la Constitución. E impugnó a sus colegas por anular leyes que la mayoría de los ministros ha considerado inconstitucionales y les pidió “autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa de nuestro país”.
En pocas palabras, la flamante integrante de la Sala Superior estaba pidiéndoles a sus compañeros que renuncien a su calidad de jueces constitucionales y que procedan, tal cual lo hacen los legisladores del partido en el poder, como una oficialía de partes para lo que el Ejecutivo quiere.
Pese a que la deliberación democrática es un principio que la Corte estableció desde 2005, también el ministro Arturo Zaldívar lo cuestionó, en entrevista con El País.
“La Corte, durante más de 20 años, había sido muy deferente en el proceso legislativo; para que un procedimiento legislativo se anulara, tenía que haber realmente razones muy fuertes, muy severas, que impidieran el debate y la deliberación democrática. A partir de que llega López Obrador, se empiezan a hacer cada vez más rígidos los criterios y hoy prácticamente se invalida cualquier proceso legislativo”, cuestionó el ahora colaborador del equipo de campaña de la precandidata oficialista Claudia Sheinbaum.
Es evidente que los afines al presidente López Obrador y a su proyecto han decidido cerrar filas para imponer la idea de que el Poder Ejecutivo está por encima de los otros poderes y que interpretar la Constitución al margen de sus deseos es ser contrario “al pueblo”.
Como si la nación mexicana pudiera ser representada por un solo hombre, Lenia Batres dice enorgullecerse de ser “la ministra del pueblo”, entendido éste como aquel que es invocado por el presidente López Obrador.
Pero la Corte es el Tribunal Constitucional de todas y de todos los mexicanos, y aunque el proyecto gubernamental nunca pronuncie el término pluralidad, ésta sigue vigente en una sociedad que lo es y debe ser garantizada por los tres Poderes del Estado mexicano, cuya división es indispensable para nuestra democracia.
Más allá de este debate que ha metido a los jueces constitucionales en la disputa electoral, queda la imagen de la presidenta Norma Piña colocándole a la ministra Lenia Batres la toga ministerial. Ambas son parte del máximo tribunal, responsable de que, como lo dijo la recién llegada, contemos con una democracia real, lo cual obliga a que las personas servidoras públicas no abusen del poder.
Y esa premisa también aplica para el Presidente de la República, al que la ministra Batres considera por encima de la Constitución, los legisladores y sus compañeros de la Corte.
