Miguel Tirado Rasso
Finalmente quedó cubierta la vacante que dejó, por renuncia, el exministro Arturo Zaldivar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como mucho de lo que sucede en el gobierno de la 4T, el proceso de designación fue accidentado, habiéndose llevado hasta su última instancia para su resolución. Por primera vez en 106 años, el nombramiento no lo hizo el Senado, a quien constitucionalmente le corresponde esa facultad, sino el presidente de la República, ante la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios que impidieron alcanzar la mayoría calificada requerida para aprobar la designación.
Según se ve, porque de alguna manera así lo ha dado a entender en sus mañaneras, al Ejecutivo el sistema de la división de poderes que consagra nuestra Carta Magna, no le convence, por el carácter autónomo e independiente, propio de los poderes Legislativo y Judicial. Por esa circunstancia, la relación entre el Ejecutivo y la SCJN se ha dificultado y distanciado, por decir lo menos.
Porque, mientras en el Congreso, la bancada de Morena aprueba todas las iniciativas de ley provenientes de Palacio sin moverle ni una coma, la Corte, cuya función fundamental es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución, ha fallado, en varias ocasiones, en contra de leyes que violan preceptos constitucionales. Y esto, no ha gustado y ha sido motivo para considerar, a algunos ministros del máximo tribunal, como enemigos de la 4T.
En este contexto, el Ejecutivo decidió proponer al Senado una terna con candidatas que, según su propia afirmación, “no le fueran a fallar”, en caso de ser designadas como ministras. Si bien, tradicionalmente, los presidentes de la República incluían en sus ternas a algún favorito, procuraban que su propuesta cumpliera con lo recomendado en el texto constitucional, que a la letra dice:
“Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.” (Art 95 Const.)
En esta ocasión, tras no ser aprobada la primera terna por el Senado, el jefe del Ejecutivo insistió, en una segunda terna, con dos de los nombres considerados en la primera, agregando solo uno nuevo. Esto complicó el acuerdo entre las bancadas de los partidos representados en el Senado, porque no solo las candidatas se identificaban con la 4T sino que además todas eran militantes de Morena. Esto, y alguna grilla interna en la bancada de Morena, impidió alcanzar la mayoría calificada, por lo que la facultad del nombramiento recayó en el titular del Ejecutivo.
La beneficiaria fue Lenia Batres Guadarrama, hermana del jefe de Gobierno de la CDMX, Abogada por la Universidad Humanitas, con una amplia trayectoria política. Militó en el Partido Socialista Unificado de México, en el Partido de la Revolución Democrática y ahora en Morena. En la página de Wikipedia se lee que participó en el movimiento de resistencia civil pacífica encabezado por AMLO (2006-2018) sic, coordinando brigadas. Fue Diputada en la Legislatura LVII, y ocupó algunos cargos menores en delegaciones de la CDMX.
Con esta historia laboral, en la que, por cierto, no aparece ningún antecedente de actividades relacionadas con el ramo judicial, el presidente López Obrador tiene asegurado un voto favorable en la SCJN, principal objetivo del perverso plan para controlar a esta Institución y del que fue parte la renuncia de Arturo Zaldivar.
Enero 4 de 2024
