Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
La reforma aprobada por la Cámara de Diputados que elimina 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha desatado una ola de protestas y críticas por parte de los trabajadores de este poder, así como de la oposición y de diversos sectores de la sociedad civil.
La medida, impulsada por el gobierno del presidente López Obrador, presentada por el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, pretende “recuperar” más de 15 mil millones de pesos que se encuentran en estos instrumentos financieros, para destinarlos a programas sociales o a las entidades federativas, sin importarle los derechos de los trabajadores o la funcionalidad del mismo.
Sin embargo, los argumentos del gobierno para justificar esta reforma son débiles y cuestionables. Por un lado, se acusa a los fideicomisos de ser opacos y discrecionales, y de beneficiar solo a los altos funcionarios del PJF, como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por otro lado, se afirma que los recursos que se liberarán con la extinción de los fideicomisos serán más útiles para atender las necesidades de la población, generando más clientela electoral con los programas sociales.
Ambas afirmaciones son falsas o engañosas. En primer lugar, los fideicomisos del PJF no son una caja negra ni un ‘guardadito’ para los privilegiados. Al contrario, son mecanismos legales que permiten al PJF administrar sus recursos con autonomía y eficiencia, para cumplir con sus funciones constitucionales. Los fideicomisos están sujetos a la fiscalización y rendición de cuentas, tanto interna como externa, y sus estados financieros se publican periódicamente en el portal del PJF..
En segundo lugar, los fideicomisos del PJF no solo benefician a los ministros, sino también a miles de trabajadores que integran el personal judicial, administrativo y técnico del PJF.
Entre los fideicomisos que se pretenden eliminar, hay algunos que otorgan apoyos médicos complementarios, pensiones complementarias, apoyos para el mantenimiento de casa habitación, apoyos económicos extraordinarios y becas para estudios. Estos son parte de las condiciones laborales pactadas entre el PJF y sus trabajadores, prestaciones ganadas, vaya, y su eliminación implicaría una violación a sus derechos.
Además, estos fideicomisos no sólo tienen fines asistenciales, sino también institucionales. Algunos de ellos están destinados al desarrollo de infraestructura, al fortalecimiento del sistema penal acusatorio, a la capacitación y profesionalización del personal judicial, a la defensa pública gratuita y a la investigación jurídica; estos fideicomisos son fundamentales para garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía, la protección de los derechos humanos y el equilibrio entre los poderes del Estado.
Por lo tanto, la eliminación de los fideicomisos del PJF no es una medida que favorezca al interés público, sino que responde a una lógica política e ideológica. El gobierno busca debilitar al PJF, que ha sido un contrapeso a sus decisiones y proyectos.
Además, el gobierno también busca disponer de más recursos para financiar sus programas clientelares y electorales, sin un plan claro ni transparente sobre el destino y uso de los recursos que se obtendrían con la extinción de los fideicomisos.
La reforma es regresiva e inconstitucional. En primera porque afecta los derechos laborales y sociales de los trabajadores del PJF, así como el servicio público de impartición de justicia, y en segunda porque viola el principio de autonomía presupuestaria del PJF, consagrado en el artículo 94 de la Constitución. Por estas razones, la reforma debe ser rechazada por el Senado o impugnada ante la SCJN.
La defensa de los fideicomisos del PJF no es una “defensa de los privilegios”, sino una defensa de principios. Es una defensa del Estado de derecho, de la división de poderes, de la independencia judicial y de la democracia. Es una defensa que nos concierne a todos los ciudadanos que creemos en el valor de la justicia y en el respeto a la Constitución.
Dijo Francisco de Quevedo que “donde hay poca justicia es un peligro tener razón”. Yo: #SóloDigoLoQueVeo.
JUEGO DE CARTAS:
MOREIRA: Precisamente hablando de ésta reforma, el diputado Rubén Moreira señaló que la destrucción de los fideicomisos que respaldan la administración de recursos clave para la justicia, tiene graves repercusiones. Estos fideicomisos, destinados a gastos como la construcción de edificios para juicios orales, capacitación del personal, alimentación, prestaciones y seguridad, son fundamentales para garantizar que jueces, magistrados y actuarios estén debidamente capacitados. El legislador del PRI resaltó que la eliminación de estos fondos impide el crecimiento del sistema judicial y afecta la calidad de la justicia en el país, lo que podría tener consecuencias significativas en el futuro. La falta de información completa sobre estos asuntos, subraya, genera percepciones erróneas en la población. //MIER: En contraste, el coordinador morenista, Ignacio Mier, reiteró su reto a la ministra presidenta, Norma Piña, a debatir sobre los 13 fideicomisos cancelados en San Lázaro. “Yo los vuelvo a retar. Que me lo digan, que no me manden amenazas. Que no utilicen a los trabajadores (…) Si estamos mintiendo, que salgan. Y nuevamente, con el respeto mayor respeto y cariño, le digo a la presidenta de la SCJN que podemos debatir públicamente de cara al pueblo de México para ver quién está mintiendo”, expresó a través de un video en cuenta de X, antes Twitter. //CHÁZARO: El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se reunió con trabajadores del Poder Judicial para abordar su preocupación por la reciente aprobación de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que implica la eliminación de 13 de 14 fideicomisos. Según Espinosa Cházaro, los empleados se sienten “muy desconcertados y tristes” debido al trato que han recibido y consideran que la situación es de naturaleza política, no jurídica. Los trabajadores planean asistir al Senado de la República y realizar una marcha el domingo 22 de octubre en defensa de sus derechos. //PUEBLA: El senador Alejandro Armenta, continúa su recorrido por el estado de Puebla como parte del Maratón de la 4T para fortalecer los Comités de Defensa. En los últimos dos días, ha caminado junto a más de 35 mil habitantes de San Andrés y San Pedro Cholula, Xicotepec de Juárez, Huauchinango y Zacatlán, reafirmando el compromiso de promover mejoras significativas en salud, medio ambiente y la reactivación económica. Durante estos encuentros cara a cara en distintas localidades, el senador Armenta ha interactuado con comerciantes, transportistas, niñas, niños, adolescentes y personas de todas las edades. Además, ha transmitido los saludos de la Coordinadora Nacional, subrayando la importancia de unificar esfuerzos para consolidar los logros de la Cuarta Transformación. Armenta destacó el proyecto de la Revolución Ferroviaria presentado por el presidente López Obrador, que posiciona a Puebla como el epicentro de comunicación más relevante del país. Esta iniciativa no solo impulsa el intercambio comercial, sino que también abre ventanas de inversión extranjera, promoviendo el desarrollo económico de la región y brindando oportunidades a los productores locales. //SEGALMEX: La empresa Servicios Integrales Carregin ha sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por un periodo de cuatro años y seis meses debido a su participación en la compra y venta de 7.8 toneladas de azúcar que resultó en un desvío millonario en Seguridad Alimentaria de México (Segalmex). La SFP también impuso una multa de dos millones 419 mil 500 pesos a la empresa por irregularidades en su convenio con Diconsa. A pesar de que el desfalco en el contrato ascendió a 142 millones 440 mil 883 pesos, la sanción y la multa entrarán en vigor a partir de este sábado sin afectar los pagos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Además, 22 personas, incluyendo servidores públicos, empresarios y civiles, están involucradas en este caso, con órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de la República (FGR) y vinculación a proceso de al menos 11 de ellas hasta junio, principalmente por peculado y delincuencia organizada.
PD: ¿La traición, con qué se paga?
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