Octavio Campos Ortiz
Siempre quedó la sospecha de que el asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio fue un crimen de Estado, orquestado desde Los Pinos, luego de la supuesta ruptura del sonorense con el jefe máximo de su partido. El hijo predilecto del Salinato se habría cortado el cordón umbilical con el discurso del ungido en un atiborrado Monumento a la Revolución y el reconocimiento de que los gobiernos priistas le habían fallado a la gente y por eso el de Magdalena de Kino veía a un pueblo “con hambre y sed de justicia”.
A la hipótesis de la conspiración se sumaron las versiones de un segundo tirador, de los dos Aburtos -el aprehendido en Lomas Taurianas y el que abordó el avión rumbo a la CDMX con un misterioso pasajero no registrado en la bitácora-, se insistió en la teoría del asesino solitario. Las investigaciones de la PGR, de los fiscales especiales y de la otrora CNDH concluyeron que el responsable del homicidio fue Mario Aburto, detenido en flagrancia con el arma disparada ante decenas de testigos.
Su declaración sobre qué lo motivó -igual que el fanático que segó la vida de John Lennon-, “cinco minutos de fama”, no respaldaba la hipótesis del crimen de Estado. Sentenciado a 45 años de prisión, Aburto fue enviado a un penal federal y jamás habló de tortura.
El criminólogo Carlos Tornero Díaz, responsable de los penales federales al arrancar el siglo XXI, comentó que el recluso Mario Aburto era un hombre introvertido que pidió no recibir visitas, ni siquiera familiares; no hablaba con nadie ni se juntaba con otros internos en la única hora que tienen para tomar el sol; leía mucho y pedía algunos libros, incluso estudió Derecho. Jamás habló el especialista en ciencias penales de que Aburto hubiera denunciado torturas o malos tratos antes de ingresar al CEFERESO o en su estadía.
Era un solitario.
Por eso llama la atención que después de casi treinta años haya decidido -por inspiración divina o reconversión voluntaria como los tránsfugas del PRI-, denunciar que fue torturado para confesar un crimen que supuestamente no cometió. Más aún, tres décadas después aparece la preocupación familiar por alguien a quien no visitaron. También es extraño que se solicitara la reapertura del caso para demostrar la confesión forzada, además de su traslado a un reclusorio de Baja California, petición que nunca atendieron las autoridades federales.
Innecesaria es ahora cualquier averiguación del ministerio público federal, ya que oportunamente un tribunal colegiado descubrió que Aburto no debió ser juzgado en el fuero federal, sino por un delito conforme al Código Penal del estado fronterizo, el cual contemplaba una sentencia máxima de treinta años, que se cumplen en marzo del 2024, justo al arranque de las campañas políticas de los próximos comicios.
Cabe señalar que la determinación de los jueces no implica una declaración de inocencia del procesado, solo la reducción de la pena por considerar que debió ser juzgado en el fuero común por el homicidio de una persona, sin connotaciones políticas y mucho menos por magnicidio. Resultó irrelevante la recomendación de que la FGR reabriera el caso para comprobar la tortura y la consecuente declaración de inocencia, como tampoco tuvo mucho eco la exigencia de cambiarlo de penal para que estuviera cerca de una familia ausente.
Pero, seguramente la influencia contagiosa de la 4T que redime a las ovejas perdidas y la soledad de una reducida celda de máxima seguridad posibilitaron el cambio en el comportamiento de monje cartujo que mantuvo Aburto durante tres décadas, para convertirse ahora en un rock star que quiera los reflectores para cantar como jilguero y dar, con una nueva declaración, sustento a la no demostrada teoría del crimen de Estado. Lo que menos importa al actual gobierno es conocer la verdad de la lógica jurídica, Aburto será un personaje aprovechado para desacreditar a los regímenes anteriores, aunque en esta administración se hayan cometido más asesinatos políticos que en el pasado
