La existencia de partidos políticos que no presentan una propuesta propia, sino que se refugian en otros más sólidos y fuertes para seguir sobreviviendo, representan un problema para el país pues implican un gasto realmente importante de recursos que podrían destinarse a temas de mayor importancia para la sociedad
J. Israel Martínez Macedo / @Mega_IsraelMtz
El sistema de los partidos políticos en México, durante los últimos años, ha visto grandes transformaciones, estos institutos han sufrido altibajos que los han encumbrado o los han dejado al borde de la desaparición; sin embargo, varios de ellos se mantienen con vida a través de negociaciones y componendas que lejos de ayudar a la sociedad terminan por afectar severamente las finanzas públicas y no mantienen una representatividad real.
En México es el Instituto Nacional Electoral (INE) quien entrega los recursos a los partidos políticos, su financiamiento es casi en su totalidad por esta vía, lo que significa que parte de su manutención proviene de los impuestos aunque, en general, también de los ingresos del Estado mexicano.
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE estimó que para 2024 se necesitarán poco más de 10 mil 400 millones de pesos para el mantenimiento de los siete institutos políticos con presencia nacional; para tener un referente, corresponde a casi el total de participaciones y aportaciones federales para el estado de Colima (13 mil 194 millones 474 mil 382 pesos).
De estos recursos, Morena es el partido que recibirá, por mucho, más dinero público que los demás con 3 mil 159 millones 015 mil 047.75 pesos, seguido del PAN con 1 mil 904 millones 742 mil 788.75 pesos, después el PRI con 1 mil 866 millones 918 mil 380.74 pesos y en cuarto puesto Movimiento Ciudadano con 1 mil 017 millones,335 mil 637.75 pesos para gastar en 2024.
Después de estos vienen tres partidos que debido a su tamaño no llegan a los mil millones de pesos de prerrogativas pero que sí reciben una buena cantidad: el PVEM con 893 millones 127 mil 335.75 pesos, el PRD con 751 millones 402 mil 866.75 pesos y el PT con 719 millones 419 mil 508.75 pesos; dado que las prerrogativas se entregan en función de los resultados electorales; es posible observar a través de estas cifras, también, la realidad de los partidos.
Las cifras suenan estratosféricas pero toman mayor claridad si las vemos mensualmente: Morena, como el partido que más dinero público recibirá en 2024, podrá disponer de 263 millones 251mil 253.98 pesos al mes, casi el equivalente al monto que destinará el gobierno federal para la construcción del Emisor Oriente en Ecatepec para todo el año; mientras que el PT como el partido que menos recursos recibirá, podrá disponer de hasta 59 millones 951 mil 625.73 pesos cada mes; el equivalente a construir mensualmente dos plantas de tratamiento de aguas residuales en la FES Cuautitlán.
Es evidente la fuerte carga que representan los partidos políticos para el erario nacional y el alto impacto que tienen para las finanzas del país y los proyectos de desarrollo; pero el problema real no es ese; si los partidos cumplieran con su función de garantizar la representatividad de la población, el dinero entregado sería una inversión y no un gasto, es decir, habría un beneficio y no solo sería recurso que no arroja ningún beneficio.
La realidad es que el modelo y las reglas de competencia que los propios partidos aprueban para sí mismos (a través de dictar/tirar línea a sus diputados y senadores sobre lo que quieren que se apruebe en materia electoral) les permiten no presentar una propuesta de propia que represente sus ideales, valores o ideologías sino que les abre la puerta a sumarse a cualquier propuesta de cualquier partido, sea o no congruente con sus principios o ideales.
De esta forma, partidos como el PT se mantienen con vida a través de sumarse a partidos con mayor arrastre y fortaleza al momento de las elecciones, aceptan ceder su presupuesto de campaña a cambio de aceptar migajas de los puestos de elección popular o de las nominaciones a las diputaciones o senadurías de representación proporcional pero, de manera irrenunciable, se debe idear algún cálculo matemático que le permita decir que alcanza el 3% necesario para no perder el registro, como lo hizo en la pasada elección del 4 de junio en el Estado de México.
Otros partidos como el PVEM se dedican a buscar la carroña que van dejando a su paso los partidos políticos más fuertes; así se van conformando de expriistas, expanistas, exmorenistas y ex-lo-que-sea que no hayan tenido cabida en las nuevas configuraciones internas de los partidos pero que le puedan sumar los votos de algunos grupos que llevan consigo una maleta llena de resentimientos contra aquellos que los hicieron a un lado, generando con ello la suma de unos pocos que, en su conjunto, ya cuentan con una cantidad más o menos decente que les permita seguir siendo el apéndice del partido que ellos consideren que tiene más posibilidades de ganar.
El caso de los perredistas es un tema distinto porque es un partido que ha venido a menos, en buena medida por lo que ellos mismos consideran fue la traición lopezobradorista que solo los usó como trampolín para lanzar su movimiento y establecer las bases de un partido político porque, en el Sol Azteca, el de Macuspana, ya había quemado todas sus naves y solo podría continuar creando un instituto político propio que no le exigiera la oportunidad de abrir espacio a las nuevas generaciones.
La escisión lopezobradorista casi le cuesta la vida al perredismo, el ahora Presidente no solo se llevó consigo una gran base partidista del hasta entonces principal partido de la izquierda mexicana sino, también se llevó consigo buena parte de los recursos que le fueron entregados para la campaña de 2012 y de los que nunca hubo claridad o transparencia en el gasto, aunque esa ya es parte de otra historia. Herido, casi de muerte, el perredismo pelea para no desaparecer y seguir presente en la política nacional.
La realidad es que, las guste o no aceptarlo y dadas las formas en que operan, estos partidos no implican ninguna representatividad ciudadana en los procesos electorales, por el contrario, se limitan a buscar una alianza a la cual le puedan ofrecer algunos cuantos votos y, eso sí, el recurso con el que cuentan para las campañas, a cambio de negociar algún esquema que les permita seguir accediendo a esos varios cientos de millones de pesos que sin su existencia, podrían ser destinados a otras necesidades.
El modelo democrático-electoral construido en México fue diseñado para que puedan participar los partidos que logren una identidad con los ciudadanos y que desaparezcan aquellos cuya ideología, valores o principios ya no concuerden con los de la gente; sin embargo, con tal de mantener el acceso a los recursos, se las ingenian para seguir con vida porque para ellos aquella máxima de César Garizurieta de “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error” debe convertirse en mantra para que evitar que se trastoque en sentencia.
Quizá sea momento de replantearse una reducción de partidos a través de crear reglas más severas, aumentar el porcentaje mínimo de votación a su favor y erradicar a los grupos, familias, amigos, vivales, similares y conexos que se configuran como partido para acceder a recursos públicos que después aprenden a “jinetear”, tergiversar o hasta desaparecer en total impunidad y en nombre de la democracia.
Menos partidos podría implicar elecciones menos costosas y también mayor sencillez en la definición de propuestas electorales claras y firmes, que le permitan a los ciudadanos tener un mayor interés por los procesos electorales y obliguen a los partidos a tomar posturas más contundentes sobre los problemas nacionales y su forma de abordarlos pero mientras sean estos, a través de sus representantes en las cámaras, quienes permitan que se mantenga esta simulación, difícilmente veremos un cambio para tener partidos más eficientes y menos costosos. Un sueño guajiro que vale la pena soñar.
