Redacción México Político
Considerado su bautismo de fuego, la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, invalidó una reforma a la Constitución del estado de Veracruz, cuyo objetivo era permitir que quienes -sin haber nacido en esa entidad-, tuvieran hijos veracruzanos o hubieran cumplido cinco años de residencia, pudieran buscar la gubernatura, una reforma promovida por Morena y aprobada en lo local en agosto del 2022.
Bautizada por la oposición como la “Ley Nahle”, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador buscaba beneficiar a la zacatecana Rocío Nahle García, actual secretaria de Energía, con la gubernatura del estado de Veracruz -que está por concluir el también morenista Cuitláhuac García-, la sentencia de la ministra deja en claro su independencia del Poder Ejecutivo.
Nahle García, junto con Manuel Bartlett, son considerados favoritos del presidente López Obrador; Aunque Nahle es secretaria de Energía, no toca al sector eléctrico en manos de Bartlett; tampoco incide en los destinos de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues son el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y Octavio Romero, director de la paraestatal, quienes definen la estrategia del petróleo a seguir por la empresa.
En este sentido, de acuerdo a la cartera que encabeza, es responsable de la refinería de Dos Bocas, cuya inversión original fue estimada en ocho mil millones de dólares, aunque ya ha alcanzado, por decisión del Consejo de Pemex, los 12 mil millones y la proyección es que totalice los 16 mil millones de dólares. De acuerdo con algunos analistas, hay versiones de que podría llegar a los 20 mil millones de dólares, inversión anterior a que la refinería sea autosuficiente.
De acuerdo con una columna de Ramón Alberto Garza, el tema de Dos Bocas y la gubernatura de Veracruz son vasos comunicantes de actividades cuestionables como “los favoritismos para asignar o licitar las distintas etapas de Dos Bocas a familiares, amigos y compadres tabasqueños y veracruzanos, que ya están incluidos en investigaciones para indagar presuntos desvíos, sobreprecios y otros cargos de sospechas de corrupción”.
