Es imperioso reconocer que la realidad del migrante es la violencia, la exclusión, la incertidumbre y el poder estatal, afirmó la experta de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Luisa Gabriela Morales Vega, quien sostuvo que reproducir el discurso de que las personas migrantes fortalecen las sociedades solo refuerza la semántica que invisibiliza y agudiza la clandestinidad en que miles de hombres, mujeres, niñas y niños se insertan al migrar.
La catedrática e investigadora del Centro Universitario UAEM Valle de México refirió que, a pesar de lo proclamado desde la Organización de las Naciones Unidas, en términos generales las personas migrantes son identificadas como riesgos que deben ser controlados o eliminados.
Ello, reflexionó, puede deberse a la dificultad actual de identificar las causas por las cuales las personas toman la decisión de emigrar y con ello, la imposibilidad de distinguir a rajatabla la migración forzada de la voluntaria, la única que la política mundial y estatal espera que sea segura, ordenada y regular, esa que puede traducirse en beneficios económicos y patrimoniales, ya sea a través de la inversión, el trabajo remunerado o el turismo.
En contraste, aseveró, la gran mayoría de las personas migrantes se mueven dentro de esquemas irregulares, sufriendo el estigma de la criminalización y soportando el peso de la clandestinidad, que las coloca de frente al riesgo de la trata de personas, el desprecio social y la culpabilidad de varios de los más apremiantes problemas que aquejan a las sociedades a través de las cuales transitan.
Así, indicó, parece que el reconocimiento de sus aportes se ha trocado en la necesidad que existe de aprehenderlos y expulsarlos, sobre todo, ante la configuración de auténticas diásporas que -al menos en nuestra región- es la modalidad actual y apremiante que las personas han configurado para fugarse en colectivo de condiciones invivibles de existencia.
De su calidad de riesgo, subrayó, dan cuenta las crecientes cifras en las detenciones y devoluciones que se verifican en la actualidad. Así, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, de enero a octubre de 2022 casi 300 mil personas que ingresaron a México de forma irregular fueron detenidas y recluidas en estaciones migratorias, entre ellas, 80 mil 692 infantes.
La experta de este campus de la UAEMéx en el municipio de Atizapán de Zaragoza precisó que las personas detenidas provenían en su mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador y después de ser detenidas, al menos 80 mil fueron devueltas a sus lugares de origen.
No obstante, dijo, el número de personas que ingresan no decrece. “De hecho, en noviembre fue inaugurado un nuevo centro para procesar solicitudes migratorias en Tapachula, Chipas”.
Así, consideró, el Estado apuesta a optimizar y eficientar sus procedimientos, pero también puede interpretarse como el reforzamiento de la configuración de estas ciudades-cárceles, en donde las personas migrantes sufren una especie de atrapamiento en libertad.
Luisa Gabriela Morales Vega abundó que, como se sabe, los flujos migratorios tienen como principal destino los Estados Unidos y de acuerdo con la patrulla fronteriza de ese país, en 2022 ha llevado a cabo más de dos millones de detenciones, de lo cual se deduce que los estimados que la Unidad de Política Migratoria hace de las personas que se encuentran irregularmente en México distan mucho de la cifra real.
