Las comisiones unidas de Bienestar y Desarrollo Social, y de Estudios Legislativos Segunda, que presiden las senadoras Marcela Mora Arellano y Ana Lilia Rivera Rivera, aprobaron, en lo general, el dictamen por el que se expide la Ley General de Alimentación Adecuada. Las y los integrantes de estos órganos legislativos acordaron continuar con los trabajos sobre este proyecto para resolver dudas y lograr consensos en lo particular, a fin de aprobar este ordenamiento en el siguiente periodo de sesiones. El proyecto fue avalado en lo general, con nueve votos a favor y cinco abstenciones, por parte de la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social; y ocho votos a favor y cuatro abstenciones, de las y los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. El objetivo de la Ley es establecer los principios y bases para la promoción, protección, respeto, y garantía en el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación adecuada, así como priorizar el derecho a la salud, al medio ambiente, al agua y los derechos de las infancias y su interés superior en las políticas relacionadas con la alimentación adecuada por parte del Estado. También busca fomentar la producción, abasto, distribución y consumo de alimentos inocuos, nutritivos y de calidad, para favorecer la protección y el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada y fortalecer la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional del país. La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, señaló que la lucha por el reconocimiento jurídico del derecho a la alimentación adecuada data desde hace 22 años. No obstante, señaló, grupos minoritarios de legisladores comprometidos con la erradicación del hambre, acompañados de diversos sectores de la sociedad, pugnaron por el reconocimiento al derecho humano a la alimentación en la Constitución, lo que se logró en octubre de 2011, después de 11 años de lucha e invisibilidad. En consecuencia, subrayó, se constituyó el Capítulo Mexicano del Frente Parlamentario Contra el Hambre para América Latina y el Caribe, cuyo objetivo central fue reglamentar el derecho recién reconocido en la Carta Magna. Por ello, dijo, hoy se tiene la oportunidad para hacer historia y concluir un proceso que lleva más de 20 años. Rivera Rivera señaló que esta acción nos debe llenar de orgullo porque tenemos una crisis de malnutrición, con más de 15 millones de diabéticos, de obesidad infantil y adulta, así como un sistema de salud colapsado por la pandemia generada por el consumo de azúcar y mala alimentación. La senadora Marcela Mora Arellano, presidenta de la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social, destacó que hoy se puede legislar con seriedad el derecho a la alimentación adecuada, que tiene 11 años de atraso. Aseguró que el problema del hambre es persistente a nivel mundial y en el país, ya que uno de cada tres menores de cinco años de edad, sufre malnutrición y dos de ellos sufren de hambre. El senador Alejandro Peña Villa, de Morena, explicó que el dictamen pone a México en el mapa de la innovación legislativa e involucra temas como la regulación de precios en productos que constituyen la conducta básica alimenticia, y señala la necesidad de transformar el sistema alimentario para lograr sostenibilidad en los ámbitos sociales, ambientales y económicos. La senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, del PAN, dijo que nadie podría ir en contra de esta Ley, por ello, la preocupación es que se legisle “fast track” en un tema tan importante para el país, por lo que el proyecto debe ser analizado a fondo. La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, reconoció la importancia de la propuesta y refrendó el compromiso con el derecho humano a la alimentación para los mexicanos. Sin embargo, reconoció que se tiene un entramado complejo de facultades en los diferentes órdenes de gobierno, en la participación de los sectores económicos, así como cambios culturales importantes, por lo que ha sido difícil consensuar la legislación que haga efectivo este derecho. Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, precisó que se comparte el espíritu del dictamen, del combate al hambre y de generar soberanía alimentaria; sin embargo, puntualizó que no considera las iniciativas propuestas en ese sentido, mismas que se debieron considerar. En su oportunidad, la senadora Gabriela Benavides Cobos, del PVEM, aseguró que la prioridad son los niños, niñas, ciudadanos. Se busca un México sin hambre, por lo que aspirar a la alimentación adecuada no es una tarea sencilla. El senador Gustavo Madero Muñoz llamó a hacer una revisión del proyecto pues existen muchos cuestionamientos, más de forma que de fondo. En este sentido, dijo que no se puede dejar de lado disposiciones legales, constitucionales e incluso internacionales, que pueden alcanzar al T-MEC.
