El Partido Verde en el Senado de la República busca que en la Ley del Seguro Social y de Desarrollo Social quede establecido que las mexicanas y mexicanos que pierdan su empleo por motivo de una pandemia, tendrán derecho a apoyos económicos y la conservación de sus derechos de seguridad social, al igual que la de sus beneficiarios.
La senadora Gabriela Benavides, promovente de esta reforma, dijo que aunque hace dos años presentó un exhorto para que de manera inmediata se otorgaran estímulos económicos debido al Covid-19, el cual no se dictaminó y se dio por concluido por Mesa Directiva, el día de hoy insiste en la necesidad de que se contemple en la ley apoyos económicos por pérdida de empleo, a consecuencia de alguna pandemia.
“El constante cambio de las variantes del Covid 19 es un riesgo latente en la salud de la población y en el desarrollo nacional, por lo que es importante mantener las estrategias de atención de la crisis sanitaria desde todas sus aristas”, dijo la senadora por Colima, quien lamentó que además de las defunciones y problemas de salud en la población, otro tema alarmante es el desempleo por las complicaciones económicas que ha traído consigo la pandemia.
Por ello dijo que su propuesta de Ley tiene el objetivo de coadyuvar a la estabilidad económica de las familias mexicanas mediante programas y acciones de apoyos económicos y conservación de derechos de seguridad social, dirigidos especialmente a las jefas y los jefes de familia que hayan perdido su empleo y los derechos de seguridad social por motivo de una pandemia.
Resulta necesario actualizar los supuestos que prevé la Ley del Seguro Social para garantizar la seguridad social de la población, en el entendido de que la recuperación del empleo puede llegar a tardar más de 3 meses, por lo que en este lapso pueden llegar a ocurrir diversas necesidades que afecten a la salud.
Refirió que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en muchos países, las repercusiones socioeconómicas de la COVID-19, derivadas de la pérdida de puestos de trabajo, el aumento de la pobreza, las alteraciones sufridas en el ámbito educativo y las amenazas a la alimentación son mayores que los efectos del virus en la salud pública.
Algunos países ya han puesto en marcha planes de protección social de mayor alcance destinados a mitigar los efectos negativos generados por las dificultades sociales, y han iniciado un diálogo sobre cómo seguir prestando apoyo a las comunidades y a la población en el futuro.
En México no se han implementado apoyos económicos por desempleo, sólo estímulos fiscales, por lo que el desempleo y la pérdida de derechos de seguridad social causados por la pandemia del COVID-19, para muchos mexicanos, los sitúan en un panorama de vulnerabilidad, por lo que el Estado tiene que realizar urgentemente ante este tipo de situaciones, acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.
Esta reforma, que contempla que el apoyo económico no podrá ser menor a 90 días de salario mínimo vigente, permitirá al Gobierno actuar sin contratiempos para prestar la atención necesaria a toda persona que se encuentre en estado de vulnerabilidad como se establece en el artículo 8 de la Ley General de Desarrollo Social y de esta forma garantizar la protección jurídica y social pero también real de la población mexicana cuando se presenten este tipo de fenómenos.
