Funcionarios, especialistas, investigadores y sociedad civil participaron en el Foro 18: Medio Ambiente, Agenda 2030 y Cambio Climático, del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal.
La diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expresó que con estos foros se podrá contar con elementos necesarios para emitir una opinión completa e informada sobre las implicaciones ambientales de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.
Mencionó que el reto no es sencillo; por ello, “es indispensable mirar hacia los acuerdos de la comunidad internacional, a fin de actuar de manera coordinada hacia la misma ruta”. Añadió que los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 constituyen esa hoja de ruta para que todos los países “transitemos hacia la sostenibilidad y nadie se quede atrás, particularmente en una nación con profundas desigualdades, como México”.
Destacó que solo se logrará el cumplimiento del objetivo de energía asequible y no contaminante y del objetivo de acción por el clima, “mediante la adopción de energías limpias y criterios de eficiencia energética a la industria. Buscaremos los consensos para el bienestar del país”.
Política energética es inaplicable en el corto y mediano plazo
Al participar en el Tema Cinco: Medio Ambiente y Transición Energética, el presidente de la asociación civil “Ciudad Posible”, José Luis Luege Tamargo, señaló que la política energética del Gobierno Federal es inaplicable en el corto y mediano plazo y, por lo tanto, requiere de un giro de 180 grados en función del enorme reto que tiene México en la materia.
Además, “incumple compromisos internacionales en cuanto a reducción de emisiones e incorporación de mayor porcentaje de uso de energía renovables en la generación eléctrica”, dijo.
Añadió que la iniciativa incidiría negativamente en la salud de millones de personas, debido al incremento en la contaminación de la atmósfera en función de mayores emisiones de dióxido de azufre y partículas. La política energética del Gobierno busca la autosuficiencia basada en convertir el petróleo crudo en combustible; “esto es materialmente imposible en el corto y mediano plazos”, expresó.
Residuos sólidos urbanos
Al hablar a favor, Luis Raúl Tovar Gálvez, investigador en el Instituto Politécnico Nacional, señaló que diariamente se generan 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, que “si se manejasen adecuadamente pudiésemos hacer economía circular”.
Enfatizó que el metano es el principal constituyente del gas natural y se llegan a generar 204 mil millones de pies cúbicos por día; “esta es energía renovable no intermitente y es una opción que la CFE ciertamente puede aprovechar”.
Agregó que se obtendría, además de metano, 37 mil 400 metros cúbicos al día de digestato que contiene nitrógeno, fósforo, potasio y biomasa. Se reduciría el uso de sitios de disposición final a nivel nacional, las emisiones de gas efecto invernadero, bióxido de carbono y metano, y se podría crear un sistema de economía circular con la fracción inorgánica de los residuos sólidos.
CFE no tiene recursos para atender energías renovables
Alberto de la Fuente Piñeirua, director general de Shell México y presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, señaló que la iniciativa de reforma propone que la CFE sea la única responsable de la transición energética del país, pero hoy no tiene por sí sola ni la infraestructura ni los recursos para atender la demanda de energías renovables y así avanzar hacia un futuro de menos emisiones.
Indicó que en los últimos años la CFE no ha invertido lo suficiente en energía renovable. “La propia iniciativa quita incentivos a la inversión. Con el mecanismo de despacho que se propone las energías renovables caerían 32 por ciento al año respecto al total de la energía generada, según estimaciones de nuestro Consejo”.
“La transición energética es un reto tan grande que nos obliga a todos a entrarle; si nuestra sociedad quiere contribuir al desarrollo de México, entonces no tengamos miedo a trabajar juntos, encontremos los puntos en común, pensemos en una reforma que sí detone el desarrollo y cuide el medio ambiente”, agregó.
La reforma no excluye a privados
A favor, José Bernardo Rosas Fernández, director general de Desarrollo e Innovación Tecnológica del gobierno de la Ciudad de México, mencionó que la finalidad de la iniciativa es que haya energía, con costos justos, precios accesibles y apoye a la competitividad del país; sin embargo, dijo, hay factores relacionados, como son leyes, reglamentos y regulaciones que den certeza.
Indicó que la reforma no dice que se excluye a los privados, sino que haya un perfecto orden en donde se permita a la CFE tratar de una manera coherente hacer sinergia. Abundó que ni los públicos ni los privados pueden hacer de cero a cien la transición de energías limpias, sino que debe ser paulatina. La propuesta sí incluye su responsabilidad en energías limpias, en la transición energética y en la soberanía y seguridad.
Agregó que todas y todos tenemos necesidad de energía eléctrica. México, dijo, no está tan mal en sus metas de la Agenda 2030; actualmente se tiene el 30 por ciento de energías de tecnologías limpias.
Los compromisos son insuficientes
Ninel Escobar Montecinos, subdirectora de Cambio Climático y Energía de la organización Fondo Mundial para la Naturaleza, refirió que la exposición de motivos de la iniciativa “no cuenta con una estimación de las emisiones de GEI que se generarían en el tiempo y cómo se garantiza el cumplimiento de los compromisos establecidos en las leyes. Falta un análisis de otras emisiones contaminantes que afectan significativamente la salud de las personas.
Destacó que la iniciativa de reforma energética genera incertidumbre regulatoria para la inversión privada y no contempla los proyectos comunitarios. “No reconoce el papel activo de los distintos actores de la sociedad en la transición energética hacia un sistema eléctrico descarbonizado, pero sobre todo democratizado”.
Dijo que los compromisos nacionales que se tienen son “altamente insuficientes para alcanzar la meta comprometida por todos los países firmantes en el Acuerdo de París, de no rebasar el calentamiento global promedio por arriba de los 1.5 grados”.
La propuesta establece a la electricidad como un derecho humano
Dacsina Peto Vonduben, subdirectora de Investigación en la Dirección de Inteligencia Energética de CFEnergía, comentó que la reforma hoy está colocando en el centro el establecer a la electricidad como un derecho humano acorde a los objetivos de la Agenda 2030.
Manifestó que con la iniciativa la CFE se coloca en el centro de la transición energética y les pone un freno para dejar de monopolizar estas energías renovables y el ritmo de la transición energética.
Dijo que las energías renovables serán la fuente principal para la nueva generación de electricidad, pero se utilizará gas natural, carbón y cada vez más baterías para ayudar a cumplir con la carga y respaldar la confiabilidad de la red. “En el sector eléctrico, la generación de energía renovable crece significativamente con el apoyo de fuentes no intermitente.
Cuestionamientos de diputadas y diputados
En el foro se dio lectura a las preguntas de las y los legisladores. El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández (Morena) cuestionó sobre los factores o acciones que se consideran necesarias para impulsar en el país la valorización energética de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, y respecto a las estrategias para valorizar la fracción inorgánica.
El diputado Joaquín Zebadúa Alva (Morena) inquirió sobre las acciones de Iberdrola, el porcentaje de recursos que provienen de la Banca de Desarrollo y del fondo de inversión de las Afores, las refinerías y el porcentaje de la matriz de energía eléctrica.
Por el PVEM se conoció la pregunta sobre qué previsiones debe tener la legislación para evitar conflictos sociales y qué medidas se han observado en otros países para garantizar que proyectos hidroeléctricos sean consultados con las comunidades, particularmente indígenas y generen un desarrollo regional con justicia.
La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) cuestionó en torno a las acciones concretas que se proponen para la transición energética que requiere México.
También del PRI, el diputado Mariano González Aguirre inquirió si es pertinente que la reforma priorice la rectoría del Estado en el sector energético y tenga a su cargo la transición energética. Asimismo, si creará nuevas oportunidades de negocio en el sector de hidrocarburos para la generación de electricidad.
De la misma bancada, el diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa pidió saber qué tan cierto es que los privados están simulando cuando se habla de autoabastecimiento. También, sobre el porteo a los privados, la transición hacia energías renovables, prescindir de la CFE, abastecimiento de electricidad, sobre el mejor sistema eléctrico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El diputado Manuel Jesús Herrera Vega (MC) dijo que México se ha quedado corto en la implementación de políticas y medidas climáticas y solo ha logrado cumplir un 30 por ciento con las metas acordadas en el Acuerdo de París. Por ello, preguntó si con esta reforma se tendrá un avance o retroceso en materia de cuidado del medio ambiente.
La diputada Eunice Monzón García (PVEM) comentó que en estos foros se ha planteado la iniciativa presentada por el Ejecutivo como una contrarreforma de la del 2013. Por ello, dijo que en términos de combate a cambio climático, especialmente en metas de mitigación, qué pasaría si se aprueba esta reforma en comparación con lo que seguirá pasando con el modelo vigente.
De Morena, la diputada Adriana Bustamante Castellanos preguntó por qué las empresas privadas no son totalmente limpias y si la transición energética se puede lograr sin inversión pública.
La diputada María del Rosario Merlín García (Morena) cuestionó sobre la existencia de competencia, dado el actual marco legal de las energías renovables y fósiles.
Judith Celina Tánori Córdova, diputada de Morena, expuso que la transición energética está ligada a la necesidad de atender la emergencia climática que atraviesa el planeta y la reforma propone elevarla a rango constitucional. Preguntó si la propuesta fortalece las acciones para atender la emergencia ambiental, la adaptación y la mitigación al cambio.
A su vez, la diputada Lilia Pérez Bárcenas (Morena) inquirió si con la reforma eléctrica no se cumplirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible o es falso, cómo aumentaría la participación de las energías limpias y renovables en la matriz en la generación eléctrica, si se lograrán las metas establecidas en la Ley de Transición Energética y los acuerdos internacionales, y se incentivaría la eficiencia energética.
La diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) preguntó qué Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 tiene la reforma eléctrica que se propone.
De MC, la diputada Julieta Mejía Ibáñez inquirió cuál es la postura conforme al llamado monopolio actual. ¿Hoy tenemos más o menos competencia que antes, se produce más o menos energía, se ha traducido en mejores precios? ¿Se debe fortalecer aún más a los que cuidan que haya competencia?
La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD) cuestionó ¿qué plan o estrategia se ha planteado para la protección del medio ambiente de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas? Asimismo, cuáles fueron las consultas hechas a éstos de acuerdo al convenido 169 de la OIT para el diseño de la reforma.
La diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra (Morena) preguntó las consecuencias de una transición energética desordenada, dependiente enteramente de fuentes intermitentes con poco o nulo respaldo de combustibles fósiles como el gas natural.
La diputada Raquel Bonilla Herrera, de Morena, dijo que México se comprometió a nivel internacional con acciones en favor del medio ambiente y la mitigación y adaptación al cambio climático a través del Acuerdo de París y la Agenda 2030, por lo que estableció metas nacionales para la generación eléctrica con energías limpias y renovables. Preguntó si la reforma que se propone contribuye a su cumplimiento.
La diputada Itzel Aleli Domínguez Zopiyactle (PVEM) cuestionó cuál es el principal beneficio y que cantidad de energía se obtendrá con la modernización de las centrales hidroeléctricas.
Respuestas de ponentes
José Luis Luege Tamargo mencionó que no hay proyectos ni presupuesto federal para iniciar trabajos de mejora de la CFE, lo cual es grave, pues la generación de combustóleo es muy alta y está comprobado que el año pasado se incrementó hasta 50 por ciento; el combustóleo es el fondo de botella. Es necesario un replanteamiento de la política energética. El avance de la transición energética requiere de la participación privada y del Gobierno Federal.
Consideró vital mantener los planteamientos de la Ley de la Transición Energética, como es la utilización del gas natural en plantas eficientes del ciclo combinado tanto de la CFE como privadas, y promover al máximo posible los certificados de energía limpia, a efecto de alcanzar la meta del 35 por ciento de energía eléctrica a través de renovables en 2024. El daño ambiental de la construcción de la Refinería Dos Bocas, expuso, es una violación muy grave y un daño ecológico serio.
Luis Raúl Tovar Gálvez indicó que “una vez que separásemos en fuente los residuos sólidos urbanos de este país, lo que implicaría es al tener la fracción orgánica separada, la inorgánica permitiría, de alguna manera, entrar en serio y de verdad a lo que es economía circular” que son las tres R: reusar, reducir y reciclar. Reiteró que “un punto fundamental es que debemos separar en fuente los residuos porque son una fuente de riqueza”.
Precisó que el objetivo de la transición energética es reducir las emisiones de gases efecto invernadero y, por consiguiente, reducir el consumo de combustibles fósiles. “Evidentemente eso cuesta dinero, tiempo y se requiere tecnología, investigación y desarrollo”. Estimó que la CFE va en esa dirección y sería pertinente que el Gobierno Federal tenga en cuenta que se requiere pensar y llevar a cabo esfuerzos que conduzcan a un uso menor de combustibles fósiles.
Alberto de la Fuente señaló que la propuesta busca que la CFE monopolice lo que tiene que ver con la parte de generación de energía eléctrica. “Creo que hay una preocupación porque a las empresas que consumimos energía eléctrica lo que más les gustaría es poder tener esa capacidad de decidir quién y cómo poder acceder a esa energía”.
Mencionó que no cumplir los compromisos que se han hecho a nivel internacional nos deja mal parados como país, pero, más allá de eso, es una vez más el cómo nos deja ante los mexicanos el no poder tener acceso a esa energía renovable. “Estas empresas que hoy están en México al paso del tiempo no podrán seguir en nuestro país y las que estén en el sector automotriz que no puedan cumplir con estos compromisos de energías renovables tendrán que irse a otros países y otras dejarán de venir a nuestra nación”.
José Bernardo Rosas Fernández argumentó que usar la infraestructura de alguien sin pagar, en detrimento de la CFE, hace pensar que es necesario que se tomen cartas en el asunto. “Un tema pendiente es cumplir con la ley y que haya piso parejo”.
Indicó que no hay una empresa en el mundo que dividida en pedacitos pueda tener una productividad. “No se está diciendo que los privados no participen, sino quién lleva el liderazgo”.
Ninel Escobar Montecinos señaló que la iniciativa carece de los argumentos y del análisis necesario para entender cuántas emisiones implica este nuevo modelo, sobre todo, en una realidad en que la CFE tiene centrales eléctricas basadas en combustibles fósiles.
Afirmó que las metas de reducción de emisiones ante la Convención Marco de Naciones Unidas el Cambio Climático, “son insuficientes”. Estimó que las autoridades encargadas de esta agenda no han puesto los esfuerzos suficientes para comunicar a la población cómo se va en el cumplimiento de las metas.
Mencionó que la experiencia internacional es los países que han alcanzado la transición energética con beneficios, han optado por modelos amplios con participación de privados, proyectos comunitarios, salvaguardas ambientales y una dirección importante del Estado en la transición energética justa.
Dacsina Peto Vonduben mencionó que a nivel mundial no existe ningún país que plantee una transición energética basada en el 100 por ciento de sus fuentes renovables.
Dijo que entre los beneficios que estaría aportando que la CFE apueste por estas hidroeléctricas, es el tema de la soberanía, y la posibilidad que por medio de sus propias plantas las aproveche para generar electricidad y provea a la población de una electricidad que está demostrada que es confiable.
