Tras una década de aumentos mínimos al salario, el rezago profesional entra a revisión

Por Daniel Lee

Después de ocho años consecutivos de incrementos al salario mínimo general, el gobierno federal abrió por fin una discusión que había quedado congelada durante décadas: la vigencia, utilidad y coherencia del sistema de salarios mínimos profesionales.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) formalizó la creación de una Comisión Consultiva encargada de revisar el catálogo de profesiones, oficios y trabajos especiales, un esquema que no se moderniza de manera integral desde hace más de 25 años.
La decisión no es menor. Mientras el salario mínimo general ha tenido una recuperación histórica desde 2017, los salarios profesionales han quedado atrapados en una lógica burocrática, desactualizada y, en muchos casos, desconectada de la realidad productiva del país. Oficios que hoy sostienen sectores completos de la economía siguen regulados bajo parámetros salariales pensados para otro México: uno con menor informalidad, menor costo de vida y menor presión urbana.
El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación reconoce implícitamente ese rezago. La nueva Comisión tendrá la tarea de analizar qué profesiones deben mantenerse en el catálogo, cuáles eliminarse y cuáles requieren una redefinición profunda, así como evaluar el impacto real de los incrementos salariales aplicados desde 2017. Se trata, en los hechos, de una auditoría técnica y política al modelo salarial vigente.
No es un proceso nuevo, pero sí largamente postergado. Desde 2021, la Dirección Técnica de la CONASAMI ya contaba con una metodología para actualizar los salarios profesionales con criterios técnicos. El problema no fue la falta de diagnóstico, sino la falta de consenso entre los sectores representados: empresarios, trabajadores y gobierno. El resultado fue la parálisis. Ahora, con la instalación formal de esta Comisión, se retoma un mecanismo consultivo que no se utilizaba desde 2001.
La Comisión tendrá carácter tripartito y trabajará en tres ejes centrales:

• La revisión del catálogo de salarios mínimos profesionales,
• El análisis de los efectos acumulados de los aumentos al salario mínimo general desde 2017,
• Y la evaluación del Mecanismo de Monto Independiente de Recuperación (MIR), diseñado para compensar rezagos salariales sin distorsionar la negociación contractual.

El calendario es claro y ambicioso: los integrantes deberán designarse a más tardar el 6 de febrero de 2026; la instalación formal ocurrirá el 13 de febrero, y el informe final con conclusiones y recomendaciones se presentará en octubre del mismo año. La presidencia recaerá en Luis Felipe Munguía Corella, con una integración equilibrada de seis representantes de los trabajadores y seis del sector empresarial.
El Estado de México: el laboratorio del rezago salarial
Si este ejercicio quiere ser algo más que una simulación técnica, el Estado de México debería ocupar un lugar central en el análisis. No solo por su peso demográfico y económico, sino porque concentra muchas de las contradicciones del sistema salarial actual.
El Edomex es uno de los estados con mayor número de trabajadores asalariados del país, pero también con altos niveles de informalidad, subcontratación y precarización, especialmente en oficios técnicos, construcción, transporte, seguridad privada, manufactura ligera y servicios urbanos. Muchos de esos trabajos están incluidos —al menos en papel— en el catálogo de salarios mínimos profesionales, pero en la práctica los tabuladores no reflejan ni el costo de vida metropolitano ni la especialización real requerida.
En zonas conurbadas al Valle de México, donde el transporte, la vivienda y los alimentos tienen costos comparables a los de la capital, los salarios profesionales mínimos funcionan más como un piso simbólico que como una garantía efectiva. Esto empuja a miles de trabajadores a esquemas informales, pagos por destajo o jornadas extendidas sin protección laboral, debilitando el objetivo original del salario profesional: reconocer la calificación y proteger al trabajador.
Además, en el Edomex conviven industrias altamente productivas con cadenas de valor que siguen pagando salarios de subsistencia. La falta de actualización del catálogo profesional ha permitido que empresas formalmente constituidas operen con salarios legales, pero socialmente insuficientes, una distorsión que la Comisión Consultiva no puede seguir ignorando.
Una prueba de voluntad política
La instalación de esta Comisión llega tarde, pero llega en un momento clave. Los incrementos al salario mínimo general han cambiado el piso salarial del país, pero también han expuesto las grietas del modelo: no basta con subir el mínimo si los salarios profesionales siguen anclados al pasado.
El riesgo es claro: que el proceso se limite a ajustes marginales, sin tocar los intereses que han bloqueado esta discusión durante años. La oportunidad, en cambio, es histórica: redefinir qué significa hoy un salario profesional en un país urbano, desigual y profundamente precarizado.
Octubre de 2026 marcará la diferencia entre una reforma real y un nuevo informe que duerma en los archivos. Para millones de trabajadores -especialmente en estados como el Estado de México- no se trata de un debate técnico, sino de una pregunta concreta: ¿su trabajo seguirá valuado como hace 25 años o, por fin, entrará al siglo XXI?

Así las cosas…