Sindicalismo reciclado: la vieja obediencia con nuevo color

Por Daniel Lee

El sindicalismo mexicano no se transformó: se reacomodó. Cambió de siglas, de discursos y de padrinazgos, pero no de prácticas. En lugar de aprovechar la Reforma Laboral de 2019 para romper con el corporativismo, buena parte de las dirigencias optó por la ruta conocida y segura: alinearse, al costo que sea, con el gobierno en turno para garantizar su sobrevivencia política y económica.
El crecimiento que hoy presumen centrales como la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) o la Central Internacional de Trabajadores (CIT), bajo el paraguas político de la llamada Cuarta Transformación, no refleja una verdadera expansión de la organización obrera ni la incorporación masiva de nuevos trabajadores. Lo que hay, en realidad, es un traslado casi mecánico de sindicatos completos desde estructuras históricas como la CTM, la CROC o la CROM hacia centrales “nuevas”, pero igualmente alineadas al poder.
No se trata de ruptura, sino de mudanza.
El fenómeno es particularmente visible en el Estado de México, la entidad con mayor población trabajadora del país y uno de los principales laboratorios del sindicalismo corporativo. En sectores como el automotriz, la logística, la construcción, el comercio y los servicios, sindicatos que durante décadas operaron bajo el viejo priismo han cambiado de membrete para conservar interlocución con autoridades laborales, acceso a registros, toma de nota y control de contratos colectivos.

En el Edomex, la transición no fue democrática ni impulsada desde las bases. Fue cupular. Líderes sindicales negociaron su lealtad política con nuevas autoridades laborales, replicando el modelo clásico: apoyo político a cambio de reconocimiento institucional. El resultado es el mismo de siempre: trabajadores ausentes de las decisiones, contratos colectivos que nadie conoce y dirigencias que se perpetúan.
Los datos oficiales confirman el problema estructural. Registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social indican que alrededor del 62% de los sindicatos existentes en México son inactivos o funcionan como sindicatos de protección patronal. Es decir, organizaciones que existen solo en el papel, que no representan intereses reales de los trabajadores y que operan como instrumentos de control laboral. En el Estado de México, esta proporción es incluso más preocupante en ramas industriales estratégicas, donde la simulación sindical sigue siendo la norma.
La Reforma Laboral de 2019 prometía un parteaguas: voto personal, libre, directo y secreto; legitimación de contratos colectivos; transparencia en la vida sindical. Sobre el papel, el marco legal es robusto. En la práctica, el sistema corporativo encontró la forma de adaptarse sin transformarse. Las reglas del juego no desaparecieron; se actualizaron.
Los líderes sindicales tradicionales —muchos de ellos con décadas en el poder— conocen bien ese manual: control de padrones, manejo discrecional de información, negociación directa con autoridades y subordinación política. Hoy esas mismas prácticas se justifican bajo el discurso de la “transformación”, pero siguen produciendo los mismos efectos: desmovilización de las bases y concentración del poder sindical en unas cuantas manos.
Estudios académicos, como los desarrollados desde la UNAM, coinciden en el diagnóstico: la lealtad política continúa siendo el principal criterio para acceder a recursos, reconocimiento oficial y margen de maniobra. En estados como el Estado de México, donde confluyen intereses empresariales, políticos y sindicales de gran escala, esta lógica se ha reforzado, no debilitado.
El problema no es solo ético o político; es laboral y social. Un sindicalismo subordinado al poder no defiende derechos, no mejora salarios ni condiciones de trabajo, y no protege frente a abusos. Funciona como válvula de control, no como herramienta de justicia laboral.
Mientras no exista una ruptura real con el corporativismo —no solo un cambio de siglas o colores—, el sindicalismo mexicano seguirá atrapado en el pasado. Y en entidades clave como el Estado de México, donde millones de trabajadores dependen de una representación auténtica, el costo de esta simulación se mide en precariedad, silencio y derechos postergados.
La transformación sindical no llegará por decreto ni por alineación política. Llegará cuando las bases manden y los líderes rindan cuentas. Todo lo demás es reciclaje del viejo poder con envoltura nueva.