El precio tecnológico y financiero del nuevo registro de teléfonos móviles en México

Por: Julio de Jesús Ramos García

Este año México inauguró un cambio que pocos ciudadanos pidieron pero que, sin duda, marcará un antes y un después en la relación entre la tecnología, la sociedad y el Estado: el registro obligatorio de líneas móviles, bajo la premisa de asociar cada número a una persona identificada con CURP o pasaporte. A partir del 9 de enero, toda línea que no esté vinculada a un titular oficial corre el riesgo de ser bloqueada o suspendida, restringida a llamadas de emergencia o al portal del operador hasta completar el trámite.

En esencia, esta normativa que elimina el uso de líneas anónimas que durante años han sido señaladas como herramientas de extorsión, fraude y otros delitos busca reforzar la seguridad pública. El argumento oficial es plausible: obligar a que los teléfonos estén registrados reduciría la facilidad con la que criminales utilizan “burner phones” para cometer ilícitos.

Pero en la práctica, la medida es un hecho de tecnología impuesto desde arriba, con múltiples retos y riesgos no resueltos.

Para implementar este padrón se requiere infraestructura sofisticada de validación de identidad digital, con plataformas que procesen millones de registros y garanticen la protección de datos sensibles. Los operadores móviles desde gigantes como Telcel, AT&T y Telefónica hasta operadores móviles virtuales deben invertir en sistemas de identificación robustos en plazos apretados.

Como saben apreciables lectores, la tecnología no es neutral ni accesible para todos. La brecha digital en México no desaparece porque un decreto lo señale: aún existe una proporción significativa de la población que carece de acceso confiable a internet o dispositivos digitales avanzados, especialmente en zonas rurales o marginadas. Obligar a estas personas a interactuar con plataformas digitales complejas para mantener su servicio de telefonía es, en el mejor de los casos, un salto tecnológico sin la red de soporte necesaria.

Las estimaciones más recientes sugieren que el desarrollo e implementación del sistema tecnológico para el registro móvil puede implicar miles de millones de pesos en inversiones para las empresas de telecomunicaciones.

Este gasto no es trivial: los operadores deberán invertir no solo en sistemas de gestión de identidad, sino en la validación biométrica, seguridad de datos y procesos de atención al cliente para orientar a millones de usuarios. En un mercado ya competitivo y con márgenes ajustados, estos costos no desaparecen; tarde o temprano, se reflejarán en los usuarios, ya sea mediante tarifas más altas, menores inversiones en ampliación de cobertura o reducciones de incentivos comerciales.

Peor aún, para los operadores móviles, que representan una porción significativa de conexiones móviles y sirven a usuarios con menos recursos, esta inversión podría resultar inviable, poniendo en riesgo su operación y reduciendo la diversidad de opciones para el consumidor común.

La obligación de vincular un teléfono a datos como CURP, RFC y documentos oficiales abre la puerta a la creación de una base masiva de datos personales con alto valor tecnológico y alto riesgo de abuso. La recolección, almacenamiento y gestión de estos datos plantea interrogantes serios: ¿quién protege esa información? ¿Qué mecanismos existen para evitar filtraciones o accesos indebidos? ¿Podrán autoridades fiscales, de seguridad o de inteligencia acceder a estos datos sin controles estrictos?

Bajo el pretexto de combatir delitos, se corre el riesgo de normalizar un modelo de vigilancia digital masiva, donde cada movimiento de la ciudadanía queda atado a una identidad única. La protección de datos no puede ser un apéndice legal; debe ser el núcleo del proyecto tecnológico.

Finalmente, cabe preguntarse si el registro de teléfonos móviles será una herramienta realmente eficaz contra los delitos que pretende combatir. Muchos crímenes modernos ya utilizan tecnologías alternativas: aplicaciones de mensajería cifrada, servicios VoIP, teléfonos extranjeros o incluso identidades digitales temporales. El enemigo evoluciona más rápido que cualquier normativa estatal.

El nuevo registro obligatorio de teléfonos móviles en México es sin duda una medida ambiciosa, con propósitos legítimos en materia de seguridad. Sin embargo, el impacto tecnológico y financiero de su implementación es enorme, y sus riesgos tanto económicos como sociales son reales y palpables.

Si el Estado pretende algo más que un simple gesto, debe acompañar esta política con inversiones claras en infraestructura digital, mecanismos sólidos de protección de datos y un diálogo abierto con ciudadanos y expertos. La tecnología no puede convertirse en una herramienta de exclusión o vigilancia sin garantías profundas de justicia, equidad y transparencia.

Porque un país conectado no es solo aquel donde todos tienen un celular registrado, sino aquel donde todos pueden usarlo sin perder sus derechos ni su seguridad.