Por Daniel Lee
* Es una carga fiscal regresiva que golpea primero a México y a sus hogares más vulnerables
2 enero 2026. – Desde ayer, 1 de enero, entró en vigor en Estados Unidos un impuesto del 1 % a las remesas enviadas en físico -efectivo, giros postales y cheques-, una medida aprobada en julio del año pasado que, aunque excluye las transferencias digitales y bancarias, introduce un nuevo costo directo sobre los ingresos de millones de familias en América Latina.
Ningún país enfrenta este impacto con la magnitud y la sensibilidad social que México, principal receptor de remesas en la región y uno de los más dependientes de estos flujos para sostener economías locales enteras.
México recibe de Estados Unidos alrededor del 95 % de sus remesas. Tan solo en 2024, estos envíos superaron los 63 mil millones de dólares, una cifra récord que convirtió a las remesas en la primera fuente de divisas del país, por encima del turismo y de la inversión extranjera directa. En este contexto, cualquier gravamen —por limitado que se presente— tiene un peso simbólico, político y social considerable, especialmente en un escenario de endurecimiento de la política migratoria estadounidense.
Aunque el impuesto del 1 % no aplica a transferencias electrónicas, su sola implementación evidencia una tendencia preocupante: trasladar costos fiscales a las poblaciones migrantes, muchas de ellas en condiciones de precariedad laboral y jurídica. En el caso mexicano, donde las remesas sostienen el consumo básico de millones de hogares, el impacto no se mide solo en millones de dólares retenidos, sino en alimentos no comprados, tratamientos médicos postergados y educación interrumpida.
Especialistas coinciden en que el efecto macroeconómico directo será acotado. Si se extrapola el impacto observado en otros países, la retención potencial para México podría ubicarse en decenas de millones de dólares anuales, una fracción menor del volumen total. Sin embargo, esta lectura técnica oculta una realidad estructural: las remesas no son un ingreso marginal, sino un salvavidas para comunidades enteras, particularmente en estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Oaxaca y Guerrero.
Analistas económicos señalan que el impuesto no reducirá de forma sustantiva el flujo de remesas, ya que los migrantes adaptarán sus mecanismos de envío hacia canales digitales permitidos por la ley. Esto no constituye evasión, sino un uso legítimo de las excepciones contempladas en la normativa. No obstante, el cambio de hábitos no es neutro: quienes envían dinero en efectivo suelen ser los migrantes con menos acceso al sistema bancario, con empleos más informales o con estatus migratorio más frágil. Son ellos quienes terminan pagando el costo.
El impacto social, por tanto, es regresivo. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo muestran que ocho de cada diez migrantes latinoamericanos envían remesas para cubrir gastos básicos: comida, vivienda y transporte. En el caso de México, una proporción significativa de estos recursos se destina también a medicamentos, atención médica y educación. Cargar un impuesto, por pequeño que parezca, sobre estos envíos implica reducir directamente la capacidad de subsistencia de los hogares receptores.
Además, las remesas tienen un fuerte efecto territorial. Municipios enteros dependen de estos flujos para dinamizar el comercio local y sostener economías rurales abandonadas por décadas de falta de inversión pública. Cualquier reducción, incluso marginal, repercute en el consumo interno y profundiza desigualdades regionales ya existentes.
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