- La infiltración del narcotráfico en aduanas de la frontera
- La confesión del exagente coincide con reportes que involucran a funcionarios y empresarios de Baja California en un esquema transfronterizo.
Publicado en losangelespress.org
La sentencia de 15 años de prisión en EEUU reabre el debate sobre la penetración del narcotráfico en las esferas económicas y gubernamentales de Baja California.
Por Guadalupe Lizárraga
LOS ÁNGELES.- El caso de Diego Bonillo, exagente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), abrió una compuerta inesperada sobre prácticas de corrupción profundamente arraigadas en la frontera Tijuana–San Diego. Este jueves, autoridades federales estadounidenses confirmaron que Bonillo, de 30 años, fue sentenciado a 15 años de prisión tras admitir que colaboró con traficantes mexicanos para introducir cargamentos de cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos.
Pero más allá de la condena, documentos judiciales y fuentes de inteligencia revelan una trama mucho más amplia que conecta a funcionarios, empresarios y operadores políticos de Baja California con una estructura de tráfico sofisticada que opera desde ambos lados de la frontera.
El agente que abrió la puerta a un flujo constante de drogas
En julio pasado, Diego Bonillo se declaró culpable de asociación delictuosa para importar sustancias controladas. Según su acuerdo de culpabilidad, utilizó su posición en los cruces de Tecate y Otay Mesa para autorizar el ingreso de vehículos previamente cargados con drogas, sin someterlos a inspección. La fiscalía federal en San Diego confirmó que al menos 75 kilogramos de fentanilo, 11.7 kilogramos de metanfetamina y más de 1 kilogramo de heroína ingresaron sin revisión gracias a su colaboración.
Los fiscales detallaron que Bonillo mantenía comunicación permanente con los traficantes mediante un teléfono clandestino. Desde ahí les informaba qué carriles supervisaría, en qué horarios y bajo qué condiciones podrían cruzar. La operación, que funcionó entre octubre de 2023 y abril de 2024, utilizó al menos 15 vehículos cargados con narcóticos.
El dinero obtenido, señalaron las autoridades, fue destinado a viajes internacionales, compras de lujo, intentos de adquisición de propiedades en México y visitas recurrentes al Hong Kong Gentlemen’s Club en Tijuana. Su sentencia, dictada el 7 de noviembre, cerró el capítulo judicial, pero abrió uno político.
La red en Tijuana: empresarios, funcionarios y exportaciones maquilladas
Información obtenida por Los Ángeles Press a través de fuentes confidenciales apunta a que la operación que facilitó Bonillo no habría sido un esfuerzo aislado ni desconectado de las estructuras económicas y políticas de Baja California.
Según esta información, Fernando Salgado Chávez, empresario con amplias conexiones en la región y operador financiero de una red transfronteriza de propiedades de lujo en California, habría operado durante al menos seis años el cruce de precursores de fentanilo mediante camiones de exportación registrados a nombre de Hemtack S.A. de C.V., una empresa cuyo propietario es Pedro Montejo Peterson, actual titular de Desarrollo Económico de Tijuana.
La red corporativa de Montejo se extiende a través de Phase II Products Inc., registrada en San Diego como fabricante de persianas y sistemas automatizados, con sedes también en Texas y Nueva York. Las ramificaciones incluyen Comdecora S.A. de C.V., Stoli Uniforms y otras compañías que replican estructuras de comercio exterior.
Bases de datos de importación (ImportGenius y Panjiva) corroboran que Phase II, Hemtack y Comdecora comparten proveedores asiáticos —Vinatech Trading Ltd. y J. Paxton Enterprises— consolidando una cadena de suministro binacional vinculada por las mismas direcciones y puntos de contacto.
Este patrón coincide con el modelo operativo de Montejo, quien ha utilizado empresas espejo para mover mercancías y capital entre México, California, China y Taiwán.
Los testimonios recabados por Los Ángeles Press coinciden en que el mecanismo utilizaba rutas y permisos propios del flujo comercial de maquiladoras, creando una fachada de legitimidad. Salgado, según esta información, fungía como socio estratégico en la etapa de cierre del ciclo de exportación, donde los precursores eran ocultados entre mercancías legales rumbo a Estados Unidos.
Este esquema habría sido protegido, según las fuentes, por Ricardo Iván Carpio Sánchez, desde su periodo al frente de la fiscalía de Baja California, y permitía que las cargas cruzaran con el mínimo riesgo bajo una “cobertura institucional” disfrazada de procesos aduanales ordinarios.
Retenes municipales y desvío de inteligencia para garantizar el cruce
Un punto crítico de esta posible red es el involucramiento de actores políticos actuales. Fuentes consultadas señalaron que los retenes instalados en Tijuana bajo la administración del alcalde Ismael Burgueño y coordinados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SEDETI) no estaban exclusivamente orientados al control vehicular o seguridad pública.
De acuerdo con los reportes obtenidos, estos dispositivos habrían funcionado como puntos de facilitación para las operaciones coordinadas por Carpio, Montejo, Salgado, Eduardo Riguero y otros empresarios tijuanenses como Saúl Guakil, permitiendo el flujo de camiones señalados desde inteligencia mexicana y estadounidense.
La operación incluía, presuntamente, un canal constante de información originada en Estados Unidos, filtrada hacia Montejo Peterson. Éste, a su vez, alertaba a Salgado sobre los momentos adecuados para movilizar casetas, operadores y supervisores que garantizaran la entrada de los cargamentos hacia territorio estadounidense sin contratiempos.
El vínculo con la declaración de Bonillo
Aunque los documentos judiciales sobre Bonillo se centran en su papel como facilitador desde la CBP, parte de la información contenida en su declaración coincide con el modus operandi descrito por las fuentes consultadas por este medio.
En ambos casos aparece la figura de un agente estadounidense que permite el cruce directo, coordinado con actores mexicanos capaces de sincronizar rutas, horarios, permisos y movimientos de carga sin levantar sospechas.
Si estas conexiones se confirman en futuras investigaciones federales, estaríamos ante una estructura de corrupción transfronteriza con alcances superiores a un caso aislado de un agente cooptado: se trataría de un esquema de tráfico de alto nivel que implica a empresarios y servidores públicos en ambos lados de la frontera.
