Por: Julio de Jesús Ramos García
En México, los llamados impuestos saludables han vuelto al centro del debate económico y social. Estos gravámenes, aplicados a productos como bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados y productos con alto contenido de sodio o grasa, buscan en teoría desincentivar su consumo y mejorar la salud pública. Sin embargo, más allá del discurso sanitario, la realidad apunta a una intención dual: cuidar el bolsillo del Estado tanto como el de los ciudadanos.
Desde su primera implementación en 2014 con el impuesto a los refrescos y alimentos “chatarra”, las arcas públicas han recibido miles de millones de pesos adicionales. No obstante, los resultados en salud son ambiguos. Si bien estudios del INSP y la UNAM muestran una ligera reducción en el consumo de refrescos (alrededor del 6% al año), las cifras de obesidad y diabetes no han disminuido significativamente.
Esto plantea una pregunta incómoda: ¿estos impuestos realmente cambian hábitos o solo recaudan más?
Al respecto mis apreciables lectores, el impacto económico también es considerable. Para las familias de bajos ingresos las que más consumen productos sujetos a estos gravámenes, el aumento de precios representa una carga directa. Es decir, los impuestos saludables son, en la práctica, impuestos regresivos: afectan más a quienes menos tienen. Mientras tanto, las grandes corporaciones logran trasladar el costo al consumidor o rediseñar productos para evadir parte del gravamen, sin perder grandes márgenes de ganancia.
Por otro lado, el gobierno argumenta que parte de lo recaudado se destina a programas de salud y agua potable. Sin embargo, informes de la Auditoría Superior de la Federación revelan que los recursos etiquetados para estos fines no siempre se utilizan conforme al propósito original. En otras palabras, el “impuesto saludable” no siempre se traduce en una política saludable.
El verdadero reto para México no está solo en castigar el consumo, sino en transformar el entorno alimentario. La educación nutricional, la regulación publicitaria y el acceso a alimentos frescos deberían ser pilares complementarios a cualquier política fiscal. De lo contrario, los impuestos saludables seguirán siendo un paliativo fiscal con disfraz de preocupación social.
En tiempos donde cada peso cuenta tanto para el gobierno como para los hogares, es necesario revisar si estos impuestos cumplen su objetivo de salud pública o si solo son una estrategia de recaudación disfrazada de virtud.
