Por Daniel Lee
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que reducirá los salarios de los jornaleros con visa H-2A.
La nueva regla del no es una simple medida administrativa. Es una declaración política: el gobierno estadounidense que decidió abaratar la vida del trabajador migrante legal para mantener a flote su modelo agrícola.
En nombre de la “competitividad”, los empleadores agrícolas ahorrarán 24.2 mil millones de dólares en una década, mientras cientos de miles de jornaleros mexicanos y centroamericanos verán reducido su ingreso, ya de por sí insuficiente.
El programa H-2A nació como una alternativa “ordenada” a la migración irregular, pero se ha convertido en una válvula de contención que legaliza la precariedad. Bajo el argumento de la escasez de mano de obra indocumentada, el gobierno estadounidense opta por la fórmula más barata: legalizar la sustitución y devaluar el salario.
En los hechos, el trabajador H-2A ya no compite con el estadounidense —sino con el migrante indocumentado que no puede reclamar derechos—, y ahora, además, debe competir consigo mismo en un sistema que abarata su fuerza laboral por decreto.
México, que provee más del 90% de los trabajadores bajo este esquema, debería leer esta reforma como una alerta diplomática y social. Mientras los acuerdos bilaterales presumen “protección laboral”, la realidad es que Washington exporta su crisis de mano de obra y la paga con salarios reducidos. No se trata de movilidad ordenada, sino de dumping migratorio: una estrategia para mantener la producción agrícola barata a costa de los derechos de los migrantes legales.
Detrás de la cifra de “ahorro patrona”l hay un recorte masivo al bienestar de las familias rurales que dependen de estas remesas. Si la migración legal también empobrece, la frontera laboral entre legalidad e injusticia se vuelve una línea borrosa. Lo que Estados Unidos llama eficiencia, los migrantes lo viven como una nueva forma de despojo.
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