Por: Julio de Jesús Ramos García
El incremento en el costo de la visa estadounidense parece, a primera vista, un ajuste burocrático más. Sin embargo, para México, país donde cada año más de dos millones de personas tramitan este documento, la medida tiene implicaciones que van mucho más allá de los bolsillos individuales: afecta la movilidad social, el turismo, los negocios y la relación económica bilateral con Estados Unidos.
Justamente apreciables lectores, esto es un aumento que llega en un momento sensible, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un aumento en el costo de la visa de no inmigrante, lo que incluye las categorías más solicitadas por los mexicanos: turismo, negocios, estudiantes y trabajadores temporales.
Este ajuste que eleva la tarifa promedio de alrededor de 185 a más de 245 dólares se justifica, según el gobierno estadounidense, por el encarecimiento de los procesos administrativos, la modernización de sistemas y el alza en los costos operativos.
Pero en México, donde el salario promedio ronda los 8,000 a 10,000 pesos mensuales, el aumento representa una barrera real para millones de familias que cada cierto tiempo deben renovar su visa o tramitarla por primera vez.
Sin duda esto es, un golpe al turismos y claro que al comercio fronterizo, Estados Unidos es el destino número uno para los viajeros mexicanos. Más del 70 % del turismo internacional de México se dirige hacia ese país, especialmente por motivos de compras, visitas familiares o negocios.
Con el nuevo costo, el gasto promedio de una familia de cuatro personas para tramitar visas podría superar los 40 mil pesos, sin contar traslados, citas y tiempos de espera; el resultado previsible será una reducción en los viajes de corto plazo, sobre todo en la clase media y en el segmento de turismo fronterizo, donde el flujo es constante pero sensible al precio. Ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa o Matamoros podrían resentir una baja en los cruces regulares, afectando al comercio local y a los pequeños negocios que dependen del tránsito de personas con visa.
Además, el turismo de compras en ciudades estadounidenses como El Paso, Laredo o McAllen podría disminuir, impactando también a la economía regional del otro lado de la frontera.
Más allá del turismo, el incremento afecta a quienes buscan oportunidades laborales o académicas. Estudiantes que viajan con visa F o M, trabajadores con permisos temporales y profesionales que participan en programas de intercambio verán encarecidos sus trámites.
En un contexto en el que la movilidad educativa internacional es clave para la competitividad, el aumento desincentiva a jóvenes mexicanos que ya enfrentan obstáculos de ingreso y altos costos de manutención en el extranjero.
El aumento también tiene una lectura política y económica más profunda. Mientras México continúa siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio que supera los 900 mil millones de dólares anuales, la relación migratoria sigue marcada por asimetrías estructurales.
El aumento en el costo de la visa estadounidense no solo encarece un documento: refleja la desigualdad en la relación bilateral. Mientras el comercio y las inversiones fluyen con récords históricos, la movilidad humana sigue siendo un privilegio.
México debería aprovechar este momento para fortalecer su propio turismo interno, incentivar la conectividad regional y ofrecer programas que faciliten la movilidad académica sin depender del norte.
Porque si algo enseña este incremento es que el “sueño americano” ahora cuesta más y no solo en dólares, sino en oportunidades que se encarecen para quienes buscan cruzar la frontera de manera legal y ordenada.
