Por Daniel Lee
Violaciones a más de 60 estándares federales en apenas 50 días de operación esa es la realidad del centro de detención migratoria improvisado en Fort Blissno. Y refiero no son simples “fallas administrativas”, son la radiografía de un sistema que normaliza el abuso y la opacidad bajo la lógica de la “eficiencia” y la “seguridad nacional”.
Los datos provienen del reporte interno sobre Camp East Montana que, por lo pronto debería cimbrar a cualquier democracia que presuma de respetar derechos humanos.
Construido en tiempo récord sobre un terreno baldío en medio del desierto texano, el campamento comenzó a recibir migrantes cuando aún era un sitio de construcción. Excavadoras activas, polvo en el aire, agua que se filtraba en las celdas, comida insuficiente y un sistema de salud interna incapaz de registrar expedientes médicos o prevenir intentos de suicidio. En otras palabras, un laboratorio de negligencia.
El discurso oficial, encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional, insiste en que las condiciones son “apropiadas” y que toda denuncia es una “distorsión mediática”.
Sin embargo, la documentación obtenida por The Washington Post y los testimonios directos de solicitantes de asilo como Ricardo Quintana Chávez revelan otra verdad: la seguridad y la salud de las personas migrantes nunca fueron prioridad.
El caso de Fort Bliss no es aislado. Forma parte de un modelo de expansión acelerada que busca duplicar la capacidad de detención en Estados Unidos bajo la administración Trump.
El objetivo no es garantizar justicia migratoria, sino institucionalizar el encierro masivo como herramienta de disuasión política y electoral. En este esquema, las personas migrantes no son sujetos de derecho, sino cifras que legitiman contratos millonarios con corporaciones privadas y alimentan un discurso de “mano dura” contra la migración.
Mientras Washington promueve la defensa de los derechos humanos en foros internacionales, en su propio territorio opera centros de detención que incumplen requisitos básicos de alimentación, salud, recreación y acceso a defensa legal. Camp East Montana se ha convertido en emblema de una política que desprecia la dignidad humana bajo la excusa de proteger fronteras.
La historia enseña que los lugares construidos con tanta prisa para encerrar a “los indeseables” rara vez se convierten en espacios de respeto a la ley. Lo que vemos en Fort Bliss no es un error aislado, sino el reflejo de un modelo de criminalización de la migración que se expande y perfecciona con cada nuevo campamento.
Si algo revela este escándalo es que la “eficiencia” en la detención no puede ser el parámetro de éxito de una política migratoria. El parámetro debe ser el respeto irrestricto a la dignidad de cada persona, sin importar su origen o estatus. Estados Unidos, que se presenta como bastión de libertades, enfrenta aquí una contradicción que erosiona su legitimidad internacional y compromete su autoridad moral.
La pregunta es: ¿cuántos Camp East Montana más se necesitan para que la sociedad estadounidense y la comunidad internacional dejen de normalizar la detención masiva como respuesta a un fenómeno humano que exige justicia, cooperación y derechos, no rejas ni campamentos?
Sígueme en mis redes sociales: https://www.facebook.com/daniel.lee.766372/
