Por Daniel Lee Vargas
Ciudad de México, 19 Julio 2025.- Por más brutal que parezca, Alligator Alcatraz no es una ficción distópica. Es real. Es el símbolo de una nueva era en la política migratoria de Estados Unidos: una era de crueldad legalizada, espectáculo político y deshumanización convertida en mercancía.
Ubicado en el corazón de los Everglades, entre caimanes y pantanos, este centro de detención no solo ha sido construido en tiempo récord —ocho días— sino que ha sido erigido con un propósito aún más alarmante: funcionar como laboratorio de ensayo para una política de control migratorio donde el encierro se convierte en mensaje, y el sufrimiento en herramienta de disuasión.
La administración del gobernador Ron DeSantis, respaldada por la reelección de Donald Trump, no ha ocultado su intención: hacer de este modelo replicable a nivel nacional. Alligator Alcatraz, nombre tan grotesco como intencional, mezcla el imaginario de prisión de alta seguridad con una narrativa de amenaza salvaje, en la que los migrantes son reducidos a invasores que deben ser aislados, vigilados y expulsados… o comidos por caimanes, como Trump sugirió en tono de burla.
Este no es un simple centro de detención. Es una declaración política. Su lejanía geográfica, su arquitectura carcelaria, sus jaulas superpobladas, la falta de agua potable y alimentos adecuados, las fallas eléctricas constantes y la nula supervisión institucional no son fallas del sistema: son el sistema.
La frontera como espectáculo y como negocio
Alligator Alcatraz es también un negocio redondo. Con un costo estimado en 450 millones de dólares, construido sin licitación pública visible, y acelerado con pretextos de “emergencia migratoria”, el centro ha beneficiado, según diversas denuncias, a empresarios ligados a las campañas republicanas.
Peor aún, se ha transformado en una atracción turística y un instrumento propagandístico. El letrero con su nombre se ha vuelto fondo de selfies para visitantes y políticos; se venden camisetas y gorras con el logo del centro como si fuera un parque temático del sufrimiento. El congresista Adam Botana incluso celebró en redes sociales la «limpieza» del lugar, ignorando los testimonios de migrantes hacinados y enfermos.
La política migratoria en Estados Unidos ha cruzado un umbral peligroso. Ya no se trata únicamente de leyes restrictivas, sino de una pedagogía del castigo, donde el encierro, la humillación y el miedo son presentados como soluciones legítimas. Alligator Alcatraz, lejos de resolver un problema, fabrica uno más profundo: una sociedad que naturaliza el sufrimiento ajeno como parte de su identidad nacional.
Lo que ocurre en Florida debería alarmar al resto del hemisferio. Estados Unidos, durante décadas, fue arquitecto y promotor de tratados de derechos humanos, defensor autoproclamado de la democracia y la libertad. Hoy, construye prisiones en pantanos y bromea sobre migrantes devorados por caimanes.
Este centro representa no solo una regresión civilizatoria, sino un modelo exportable a gobiernos autoritarios que ven en el trumpismo un camino viable. Cuando el encierro se convierte en política, y la crueldad en espectáculo, lo que está en juego no es sólo la migración: es el alma misma de la democracia.
Frente a esta deriva, los organismos internacionales, las universidades, los sindicatos transnacionales, las organizaciones de derechos humanos y los gobiernos del sur global no pueden permanecer callados. La normalización del horror comienza con el silencio de los testigos.
Es hora de exigir transparencia en los contratos, acceso pleno a la supervisión humanitaria y la clausura inmediata de cualquier centro que viole los estándares internacionales de derechos humanos. Es momento de desenmascarar el uso del migrante como enemigo interno, como chivo expiatorio y como producto electoral.
Lo que pasa en Alligator Alcatraz no es sólo un asunto interno de Estados Unidos. Es una advertencia global. Porque cuando una potencia convierte los derechos humanos en una opción descartable, todos los derechos del mundo están en peligro.
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