Por Daniel Lee Vargas
Esto es más de lo que pudiéramos imaginar, pero en los Estados Unidos de hoy, la caza de migrantes se ha profesionalizado, digitalizado y privatizado. Bajo el disfraz de patriotismo, grupos de extrema derecha han encontrado una nueva forma de lucrar con la vulnerabilidad de las personas migrantes: convertirse en cazarrecompensas digitales.
El modelo prácticamente es simple: denunciar a cualquier persona sospechosa de estar en situación migratoria irregular a cambio de una recompensa económica. No hay juicios, no hay investigación, no hay respeto al debido proceso. Basta con tomar una fotografía, alimentar la aplicación adecuada y esperar a que el dinero —en criptomonedas— caiga en la billetera digital. Este es el nuevo rostro de la persecución racializada.
Enrique Tarrio, exlíder de los Proud Boys —grupo de ultraderecha vinculado al asalto al Capitolio en 2021— es uno de los operadores más visibles de este esquema. Tras recibir un indulto presidencial en 2025 por parte de Donald Trump, Tarrio reapareció en la esfera pública como creador de «ICE Raid», una aplicación donde cualquier ciudadano puede denunciar a presuntos migrantes indocumentados.
La aplicación utiliza inteligencia artificial para analizar las imágenes enviadas, asigna un nivel de «credibilidad» a los denunciantes y traza un mapa interactivo de ubicaciones donde supuestamente operan estas personas. Es la gamificación de la xenofobia: cada denuncia es un punto en un juego macabro que convierte la vida de miles de migrantes en fichas de recompensa.
Pero el peligro no se queda en el plano digital. Los grupos de cazarrecompensas no sólo reportan: persiguen, detienen, agreden y en ocasiones suplantan a agentes del ICE con uniformes falsos para ejecutar detenciones violentas e ilegales. Estamos ante un esquema que combina prácticas paramilitares con el negocio de la persecución.
Se trata si de una estructura con incentivos perversos. El hecho de que el pago se realice en criptomonedas añade un manto de opacidad. Este sistema no sólo premia la delación, sino que crea un mercado informal y desregulado donde se trafican datos personales, imágenes y ubicaciones de migrantes, sin ninguna supervisión legal. Lo que está ocurriendo es la privatización del control migratorio a manos de grupos extremistas, con la complicidad —o al menos la omisión— de las autoridades estadounidenses.
Más grave aún: la supuesta evidencia fotográfica que recopilan estos grupos no sólo busca probar la presencia migratoria, sino construir una narrativa criminalizante al tratar de asociar a los migrantes con actividades delictivas. Se instala así una percepción colectiva de que el migrante no es sólo «indeseable», sino «peligroso», lo que alimenta políticas aún más represivas y legitima la violencia social en su contra.
Reacción mexicana: ¿suficiente?
Desde la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo y anunció que México solicitará investigaciones y presentará denuncias internacionales contra estos grupos. Sin embargo, las palabras no se traducen en acciones concretas: México tiene la obligación de elevar este tema a organismos multilaterales, exigir sanciones y demandar protección inmediata para sus connacionales en Estados Unidos, pero lo cierto es que esto no ocurre.
Lo que está en juego no es sólo la seguridad de las personas migrantes, sino el principio fundamental del derecho internacional de que ninguna persona puede ser detenida, perseguida o criminalizada por su origen o estatus migratorio.
La existencia de estas redes de cazarrecompensas es una expresión del profundo giro nativista, racista y autoritario que sigue enraizado en vastos sectores de la sociedad estadounidense. Es un fenómeno que se fortalece cuando las políticas migratorias son externalizadas, cuando se reduce la vigilancia institucional sobre los grupos extremistas y cuando se tolera la criminalización del migrante como estrategia electoral.
El caso de «ICE Raid» es alarmante, pero no aislado. Responde a una tendencia global donde la migración se ha convertido en un botín político y económico: desde las fronteras militarizadas de Europa hasta los muros virtuales que ahora crecen dentro de Estados Unidos.
El derecho a migrar, el derecho a la dignidad y el derecho a no ser perseguido no pueden estar sujetos a algoritmos ni a la lógica de las recompensas. Permitirlo significa abrir la puerta a la barbarie digital, donde el lucro está por encima de los derechos humanos.
La comunidad internacional debe mirar con atención este nuevo capítulo en la persecución de migrantes. La cacería organizada a través de aplicaciones y pagos digitales no es un asunto local ni de seguridad interior: es un fenómeno que atenta contra los estándares más básicos del derecho internacional y pone en riesgo miles de vidas.
Sígueme en mis redes sociales, https://www.facebook.com/danielee.v
X @DANIELLEE69495
y comparte tus comentarios en holapaisanovocescruzandofronte@gmail.com
También en
https://ancopnoticias.mx/
https://cachoperiodista.com
https://mexicopolitico.com.mx/
https://algranomx
