…” me dijeron que en el reino del revés, nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante
y otro es juez”… (Fragmento de la canción infantil: “el mundo del revés”).
Por Carlos Mota Galván
Como si en México no fuera ya suficientemente complicado ejercer el periodismo: amenazas, agresiones e incluso asesinatos por cubrir temas que involucran tanto al crimen organizado como al ejercicio político nacional, ahora, peligrosamente, se incorporan otros dos factores: jueces que actúan como censores del poder político y nuevas leyes que por lo menos ya oficialmente en dos estados, Puebla y Campeche, se hacen presentes para colocar una mordaza a aquellos que osen tocarles hasta con el pétalo de una rosa.
El caso contra el periodista Héctor de Mauleón en Tamaulipas ( revelación de posibles vínculos de políticos locales con el crimen organizado) inició este moderno estilo de cacería de brujas donde funcionarios en activo ordenan a un ciudadano sobre que puede escribir y qué temas no tocar, además, bajar su escrito de la red so pena de aplicarle sanciones mayores. Y cuando todavía no terminamos de asimilar como sin el menor pudor se ataca el derecho fundamental de la libertad de expresión en México, dos gobernadores con ínfulas monárquicas, Alejandro Armenta de Puebla y Layda Sansores en Campeche, morenistas ambos con raíces priistas, lograron imponer una ley que les permita no solo mantenerse sino incrementar su poder sacudiéndose de paso a sus críticos actuales o futuros, manteniendo “su reino del revés” como la triste realidad de lo que la democracia, o lo que nos queda de ella, padece.
Con penas de cárcel que van desde los once meses a los tres años y multas hasta por 39 mil 599 pesos a quien cometa el delito de “ciberasedio”(?), se adjudican la prerrogativa de determinar como cualquier comentario que les resulte incómodo en redes sea de un periodista o de un ciudadano cualquiera, se convierta en delito y termine su emisor en prisión. En Campeche, en tanto, ya la gobernadora en funciones festeja el haber vinculado a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, por los presuntos delitos de incitación al odio y violencia contra ella y pese a que ya estaba jubilado la jueza le prohibió ejercer más su profesión y el cierre inmediato de la plataforma digital Tribuna.
Antiguamente estos excesos de poder eran revisados y corregidos por los jueces federales pudiendo llegar incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para enmendar la plana y garantizar la correcta aplicación del derecho, ahora esa posibilidad ha quedado cancelada con la nueva conformación del Poder Judicial en el país y solo se aplica aquello de donde manda capitán no gobierna marinero aunque el mandamás no tenga más experiencia marítima que haber paseado en chalupa. Estos ejemplos de leyes caciquiles parecen ser el propósito de ese slogan que ha caracterizado a la federación: “estás conmigo o contra mí”, a los primeros todo el apoyo, al resto, la aplicación no solo de las leyes sino de los criterios que ocupan en su interpretación para acallarlos.
Lo que está en juego con estas reformas no solamente es aplicable a quienes nos dedicamos a esta maravillosa profesión del periodismo sino a todos; exponer un punto de vista diferente a quienes detentan el poder nos podría hacer sujetos de un proceso amañado donde desde antes de dar inicio, ya se conoce su desenlace, y por supuesto su dictamen.
Fue tan desaseado el operar de la legislatura poblana para llevar a buen término el capricho de su gobernador al aprobar esta ley mordaza y después de palomeada, buscar corregir al mismo, ante el descaro que tuvo, al prometer que estaban dispuestos a hacer una consulta ciudadana para legitimarla, que la propia Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación se vio obligada a declarar que nunca es tarde para corregir, exhortando a la legislatura local a hacerlo y a considerar que esta “bien intencionada” reforma, podría nutrirse de otras opiniones, porque “el Gobierno de México dijo, está en contra de cualquier tipo de censura”.
