* Acusan a funcionaria de operar mafia del combustible
Con información de agencias noticiosas
Una nueva denuncia sacude a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), al revelarse la existencia de una red de extorsión que opera en el área de combustibles a nivel nacional, con la presunta participación de exempleados y actuales funcionarios de alto nivel. De acuerdo con empresarios, extrabajadores y fuentes internas, esta estructura estaría encabezada por María Margarita Alvarenga Baeza, quien se identifica como operadora del director general de Verificación, Gabriel Leyva Martínez.
Según la denuncia, Alvarenga a espaldas de su jefe impone cuotas mensuales a estaciones de servicio, y en caso de incumplimiento, ordena operativos de verificación que derivan en clausuras, aún si las estaciones venden litros completos.
La funcionaria también habría sido vista coordinando pagos en cafés Starbucks con un exverificador identificado como Noé Guillén quien era el encargado de extorsionar a las estaciones en las administraciones pasadas con el objetivo de proteger a ciertas estaciones a cambio de dinero.
Se sabe que esta operadora actúa presumiendo amistad y cercanía con la subprocuradora de Verificación, Andrea González Hernández, además de presumir tener una protección política debido a que su nombramiento de ella y su jefe fueron realizados desde Presidencia, adicionalmente se menciona que el particular del hoy director Gabriel Leyva de nombre Alexis Ramírez fue puesto por ella misma para controlar la programación a su modo dándole indicaciones de bajar o subir estaciones.
También se le atribuyen antecedentes en la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX, donde presuntamente cobraba cuotas ilegales a comerciantes ambulantes, donde incluso en días anteriores, la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega denunció a través de sus redes sociales el otorgamiento de permisos irregulares a comerciantes dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, otorgados de manera irregular por el entonces director de abasto Gabriel Leyva, siendo señalada en esa operación por los mismos comerciantes como la operadora directa, quien les cobraba 50 mil pesos a nombre de su jefe, evidenciando así un patrón de conducta que ahora parece haberse trasladado al sector gasolinero bajo el mismo esquema de cobro, amenazas y extorsión
Dos casos recientes ilustran el modus operandi: una estación en ciudad de México fue avisada desde 3 horas antes y amenazada con clausura por no pagar su cuota mensual, mientras que otra en Morelos fue sancionada tras una verificación “con consigna” ordenada directamente por la operadora, esto sería confirmado por los mismos verificadores dirigidos por el extrabajador Noe Guillen aliado de María amenazando con clausura por no reportarse con él.
En ambos casos, se utilizó información confidencial para ejecutar las acciones, cuando esta información solo está en manos de María, su jefe el director general y la subprocuradora Andrea González, por lo que se evidencia la venta de información a exoperadores y exfuncionarios con poca ética moral como Noe Guillen y Carlos Aron exdirector de gasolina.
Además, la denuncia incluye cuestionamientos éticos sobre la conducta personal de la funcionaria, señalando incluso la venta de contenido sexual en plataformas digitales y presuntos favores sexuales como medio para obtener posiciones. Esto ha encendido las alarmas sobre quién controla la vigilancia en el sector gasolinero.
Ante la gravedad de las acusaciones, se exige la intervención de la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción y la Presidencia de la República, con el fin de desmantelar la red de corrupción y recuperar la credibilidad de PROFECO como defensora de los derechos del consumidor.
