Lo que los gobiernos federal, estatales y municipales del partido de la presidenta presumen como un salto hacia la “radicalización democrática”; es una canción que llega tocada por viejos músicos y por un episodio reciente que la desafina todavía más.
En los últimos días se filtraron por todos lados, los llamados “acordeones” o listas -impresas y digitales- que dictan, número por número, cómo marcar la boleta para favorecer a aspirantes cercanos al partido en el poder. El hallazgo se suma a la percepción de que la jornada electoral será menos un acto ciudadano que una coreografía destinada a legitimar decisiones tomadas de antemano en la cúpula.
El origen del ruido
La secuencia de hechos revela el ritmo acelerado con que la maniobra se propagó. Todo comenzó el 23 de mayo, cuando reporteros y activistas detectaron que, en brigadas del bienestar, los chalecos guindas repartían guías idénticas bajo la etiqueta de “material informativo”. Para el 26 de mayo, los testimonios de ciudadanas y ciudadanos incluyeron llamadas en las que se ofrecía transporte gratuito a cambio de “no equivocarse con el número”.
Dos días más tarde, el periódico El Universal documentó miles de mensajes que enlazaban a mapas interactivos con la misma instrucción, mientras el 29 de mayo el Instituto Nacional Electoral (INE) turnaba sendas quejas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Hasta ahora, no existe medida cautelar alguna que limite la difusión de los acordeones.
¿Por qué los acordeones hacen tanto ruido?
Las guías clandestinas añaden tres agravantes. Primero, rompen la equidad electoral al inducir el voto de manera subrepticia y segmentada. Segundo, normalizan el acarreo digital—una zona todavía gris en la legislación mexicana—cuya eficacia descansa en la logística inmediata de los grupos de mensajería. Y tercero, confirman la sospecha de que la consulta será apenas la ratificación formal de un reparto negociado, no la elección libre que el discurso oficial aplaude.
Tres riesgos de largo plazo
Si la práctica se consolida, el país enfrentará un triple dilema. La normalización del proselitismo privado multiplicaría, en futuros comicios, las listas dirigidas mediante plataformas cerradas y difíciles de fiscalizar. La captura del Poder Judicial -resultado de un tribunal alineado al Ejecutivo-, vaciaría de sustancia la división de poderes y degradaría el Estado de derecho. Finalmente, la el hartazgo ciudadano crecería: cuando el voto se percibe irrelevante, el abstencionismo se convierte en forma de resistencia y la legitimidad de las elecciones se vuelve frágil.
Coda
La cita del 1 de junio no decidirá únicamente quién redactará precedentes judiciales; decidirá si México acepta que la justicia se transforme en cuota política o si defiende, todavía, la independencia de los tribunales como columna vertebral de la democracia. Votar informados -o impugnar cuando haya motivo-, es el recurso último para evitar que el derecho siga tocando, al ritmo monocorde de un acordeón, la melodía dictada desde los pasillos del poder.
