- Un sistema que protege al poder, no a las víctimas.
Mientras el país se alista para gastar millones en una elección judicial que promete cambios estructurales en el sistema de justicia, los tribunales siguen demostrando que el problema no está solo en las urnas, sino en el tuétano de las instituciones. Y pocos casos lo ilustran con tanta crudeza como el de Jaime Maussan: el ufólogo mediático, ahora protagonista de no uno, ni dos, sino tres procesos legales promovidos por su propia hija, Dayana Maussan.
Lo que comenzó como un conflicto laboral por despido injustificado, se transformó en un proceso penal por presunto maltrato, y ahora escala a una tercera batalla, esta vez en materia civil. Pero lo más escandaloso no es la cantidad de demandas, sino la parcialidad con la que el sistema ha tratado al investigado.
La jueza Marta Alicia Cuevas Nava, del Juzgado 47 de lo Civil de la Ciudad de México, desestimó pruebas clave presentadas por la víctima -Exp. 1241/2024- y, en un acto que raya en la burla judicial, pretende imponerle a Dayana un pago de casi medio millón de pesos por costos procesales. Todo esto mientras su abogado, Porfirio Ramírez Mendoza, la abandona en el momento más delicado del juicio.
¿A quién protege la justicia en México? ¿A las víctimas o a los personajes de pantalla que saben mover sus influencias entre cámaras y despachos?
La historia de Dayana no es la de una oportunista en busca de dinero. Trabajó en el equipo de su padre, produjo contenido, impulsó las redes sociales del programa Tercer Milenio y ayudó a consolidar la narrativa mediática que ha hecho de Jaime Maussan un referente (cuestionado) del fenómeno OVNI.
Hoy, con una trayectoria profesional propia en Televisa y lejos del ruido del espectáculo, busca lo que su padre nunca le dio: una disculpa pública y un alto al maltrato. No busca dinero. Busca dignidad.
Pero en lugar de encontrar justicia, encuentra desprecio institucional. En vez de jueces que escuchen, hay jueces que encubren. En vez de abogados comprometidos, hay abogados que desertan. Y todo esto sucede bajo el radar, mientras el país presume reformas y procesos judiciales “democráticos” que, en la práctica, no garantizan nada más allá de una simulación costosa.
El caso Maussan destapa algo más profundo: la misoginia estructural del sistema judicial mexicano. Dayana lo ha dicho claro: su padre jamás le ha reconocido su valor como mujer. Lo mismo puede decirse de un sistema que la castiga por alzar la voz y que pretende silenciarla con deudas judiciales. Porque cuando una mujer denuncia, aún pesa más su apellido que su palabra. Y cuando el acusado es famoso, la balanza se inclina sin pudor.
¿De qué sirve elegir nuevos jueces si los que ya están actúan con favoritismo? ¿De qué sirve una reforma si la ley sigue sirviendo al poder y no a la verdad?
Este no es un caso menor. Es un espejo que revela cómo se administra la justicia en este país: con desdén hacia las víctimas, con favoritismos hacia los influyentes, con negligencia disfrazada de legalismo. No se trata solo de Jaime Maussan. Se trata de los miles de casos donde las mujeres —especialmente las que denuncian dentro del entorno familiar o laboral— siguen perdiendo, mientras el sistema les exige pruebas imposibles, paciencia infinita y tolerancia al dolor.
Lo que Dayana busca no está en los expedientes ni en los montos. Busca dignidad. Lo que este país necesita no está en elecciones judiciales, sino en una transformación profunda de cómo se imparte justicia. Porque mientras no cambie eso, seguirán ganando los Maussan y perdiendo las Dayana.
