- El costo democrático de las redes criminales en el poder
Mientras el lineaje de un cártel se entrega discretamente en la frontera y las visas de una gobernadora se esfuman en silencio, México enfrenta una disyuntiva: reconstruir la muralla de integridad o permitir que la popularidad sea la última coartada de la corrupción y el crimen organizado.
Dos golpes en una misma semana.
De acuerdo con El País, el 11 de mayo diecisiete familiares de Joaquín El Chapo Guzmán —entre ellos su exesposa Griselda López y la madre de Ovidio Guzmán— cruzaron la garita de San Ysidro y se entregaron a agentes federales de Estados Unidos. Todo apunta a un acuerdo de cooperación con Washington y a un esquema de protección especial.
Un día después, 12 de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la administración Trump, revocó las visas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y de su esposo. El Gobierno federal mexicano reconoció que desconoce los motivos y exigió explicaciones formales.
Dos titulares distintos, una misma realidad: la frontera entre autoridad y delito es cada vez más difusa, y el costo reputacional recae sobre las instituciones.
El efecto corrosivo sobre la democracia.
Según Latinobarómetro y la CAF, el apoyo a la democracia en América Latina cayó del 56 % al 48 % entre 2017 y 2023, arrastrado por la violencia criminal y la desconfianza institucional. En México, donde 2024 cerró con más de 30 000 homicidios, la ecuación es todavía más severa: a menor seguridad percibida, menor legitimidad gubernamental.
Cuando un gobierno no puede explicar por qué familiares de un capo ingresan escoltados a EE. UU. y desconoce las razones por las que Washington cancela la visa de una gobernadora fronteriza, la narrativa pública deja de construirse con datos oficiales y se alimenta de filtraciones, especulación y descrédito.
Narcopopulismo: popularidad como salvoconducto.
La infiltración criminal se vuelve aún más peligrosa cuando se arropa con altos índices de aprobación. Presidentes, gobernadores o alcaldes con capital político —real o inflado— descalifican investigaciones y se victimizan como objeto de “persecución”. Ese fenómeno, que la academia denomina narcopopulismo, erosiona el corazón de la democracia representativa porque “Si el aplauso de la multitud basta para absolver, ¿dónde queda el principio de legalidad?”.
Para reflexionar.
No nos equivoquemos, el voto otorga poder, no impunidad. Si la legitimidad electoral se convierte en coartada para tolerar redes criminales —o, peor aún, para integrarlas al Estado—, la democracia avala su propia descomposición.
¿De qué sirve la soberanía popular cuando la soberanía territorial la ejercen las balas?
