Por Daniel Lee Vargas
Ciudad de México, 24 abril 2025.- En Estados Unidos, ser migrante no sólo significa enfrentar muros físicos. También se combate con muros invisibles: vigilancia digital, espionaje financiero y el uso arbitrario de la tecnología como herramienta de persecución. Hoy, el gobierno estadounidense, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha cruzado una nueva línea: acceder ilegalmente a información personal de migrantes mediante las aplicaciones de envío de remesas.
Sí, las mismas apps que han facilitado la vida de millones de familias —99% de los envíos a México en 2024 fueron electrónicos— ahora se han convertido en redes trampa. ¿El motivo? Un acuerdo oscuro, sin transparencia ni supervisión judicial, que permite a las autoridades federales rastrear movimientos, identificar rostros y armar mapas de ubicación de personas, todo sin su consentimiento. ¿Desde cuándo enviar dinero a tus hijos se volvió una amenaza a tu libertad?
Es, sin duda, otra forma de cómo el presidente Donald Trump quiere deshacerse de migrantes que le son incómodos, de sacar a nuestros paisanos de su país. No importa si tienes 5, 10, 15 años, o más en EU. Van parejo contra todos. La gente ya no se atreve a usar estas aplicaciones por miedo a ser “cazadas” como presas. Para muchos, la constante es el miedo, la desconfianza y una una evidente y real sensación de persecución. A su alrededor, ya representa un patrón inquietante: una maquinaria estatal que vigila y actúa sin rendir cuentas.
Más grave aún es el uso de la huella facial y la geolocalización como herramientas de control, instaurando una vigilancia permanente que recuerda más a regímenes autoritarios que a democracias consolidadas. Según Jessica Venegas, abogada defensora de los derechos migrantes, este tipo de espionaje ya no es una posibilidad futura: “Lo que fue una amenaza, hoy es una realidad”.
Y no se trata de un caso aislado. El Centro de Análisis de Registros de Transacciones (TRAC), con base en Arizona, almacena datos sobre más de 340 millones de transferencias de dinero, muchos de ellos asociados a migrantes. La operación de este centro, supuestamente sin fines de lucro pero con vínculos directos al fiscal estatal, muestra cómo el poder puede disfrazarse de filantropía mientras invade la privacidad de millones.
A esto se suma el inquietante acuerdo entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional para compartir datos protegidos por la Ley de Privacidad. Aunque dicha ley tiene excepciones, ninguna contempla el espionaje como una solución legítima para “control migratorio”.
Estamos frente a una de las violaciones más graves a los derechos humanos de migrantes en tiempos recientes. Se ha normalizado que el gobierno actúe sin orden judicial, sin consentimiento, y sin respeto al principio básico de presunción de inocencia. Criminaliza el acto de enviar dinero. Persigue la solidaridad. Castiga la sobrevivencia.
La pregunta es inevitable: ¿cuántas libertades se están sacrificando en nombre de una seguridad selectiva y excluyente? ¿Y cuántas más se perderán si el silencio continúa siendo la única respuesta?
El control migratorio no puede basarse en el miedo ni en el espionaje. Debe sustentarse en la legalidad, en el respeto a los derechos humanos y en una política pública que reconozca la dignidad del migrante, no que lo condene por existir.
Hoy más que nunca, es urgente levantar la voz. Porque cada remesa lleva más que dinero: lleva esperanza. Y nadie debería pagar el precio de ser rastreado por ayudar a su familia.
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