Por Daniel Lee Vargas
Ciudad de México, 14 de abril 2025.- En un país donde el número de muertos ya no se mide en cuerpos sino en derechos, la administración de Donald Trump ha encontrado una nueva forma de exterminio simbólico: declarar “muertos” a miles de migrantes vivos.
Sí, así es. No se trata de una metáfora, sino de una desalmada realidad burocrática. Más de 6,300 personas —en su mayoría latinas— han sido despojadas de su número de Seguro Social y añadidas al archivo federal de defunciones. En la tierra de las oportunidades, han sido asesinadas civilmente.
Este movimiento, orquestado con la complicidad de la Administración del Seguro Social, busca convertir la vida en un laberinto sin salida. Sin número de Seguro Social, estas personas quedan automáticamente fuera del sistema: no pueden trabajar, alquilar un hogar, abrir una cuenta bancaria o recibir atención médica. Pierden el acceso a todo, incluso al derecho a probar que existen. Un niño de 13 años fue incluido en la lista por supuestos “antecedentes penales”. ¿Dónde queda la justicia cuando ni siquiera la niñez se salva del castigo?
Para muchos, para nuestros paisanos, lo cierto es que pretenden hacerles la vida tan miserable que se verán obligados a huir. Esto no es política migratoria; esto es extorsión institucionalizada, una forma de terrorismo de Estado. No se trata de leyes, se trata de castigo. No de justicia, sino de crueldad como política pública.
Aún más alarmante, esta “prueba piloto” se extenderá a decenas de miles de migrantes más, incluyendo indocumentados sin antecedentes penales. Y no es una amenaza limitada a los no-ciudadanos: el propio gobierno admite que errores en la base de datos podrían dejar a ciudadanos estadounidenses sin acceso a servicios esenciales por meses. El tema es grave porque se está a un paso de ser borrados por decreto.
En esta cruzada, el aparato gubernamental se fusiona con intereses privados, con figuras como Elon Musk asesorando al gobierno en tácticas de control social. Y así, bases de datos diseñadas para proteger, se transforman en armas. No se necesitan muros cuando el sistema mismo se convierte en prisión.
Las organizaciones de derechos humanos han sido claras: esto no es otra cosa que una muerte civil. Y lo más siniestro es que, para volver a la vida, estos migrantes tendrán que demostrar que existen. ¿Cómo se prueba la vida frente a un Estado que te ha declarado muerto por conveniencia política?
Hoy, más que nunca, defender a los migrantes no es un acto de caridad: es un acto de resistencia contra un modelo de gobierno que ya no necesita balas ni jaulas para destruir. Le basta con un clic. Porque cuando la burocracia mata, nadie está a salvo.
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