Por Julio de Jesús Ramos García
En las últimas décadas, el tema de la migración entre México y Estados Unidos ha sido un eje central en las políticas bilaterales. Al respecto, uno de los aspectos menos discutidos es el impacto que los deportados tienen, no solo en sus vidas personales, sino en las finanzas y la economía mexicana. Este fenómeno, que a menudo se percibe como un problema social, podría convertirse en una oportunidad desaprovechada para fortalecer nuestra economía si se gestionara de manera adecuada.
Cada año, miles de mexicanos son deportados desde Estados Unidos, muchos de ellos en edad productiva y con habilidades adquiridas en sectores como la construcción, servicios, tecnología y manufactura. De acuerdo con datos oficiales, en 2024 más de 160,000 mexicanos fueron repatriados. A pesar de que estas personas llegan con conocimientos y experiencia laboral valiosa, México no ha logrado integrarlos de manera efectiva a su mercado laboral o aprovechar su potencial económico.
El impacto financiero de estas deportaciones no es menor. En primera instancia, está la pérdida de remesas, una fuente vital de ingreso para muchas familias mexicanas y para la economía nacional. Según el Banco de México, las remesas alcanzaron un récord de 58,000 millones de dólares en 2023. Sin embargo, con cada deportación, una familia deja de recibir ese flujo constante de dinero que dinamiza el consumo local y sostiene economías regionales.
Por otra parte, el regreso masivo de deportados representa una presión adicional para los recursos públicos, particularmente en sectores como salud, educación y programas sociales. Muchos de estos mexicanos llegan sin redes de apoyo, sin ahorros y, en muchos casos, sin documentos que acrediten sus habilidades o experiencia, lo que los deja atrapados en empleos informales o en la pobreza. Esto no solo limita su contribución económica, sino que perpetúa ciclos de desigualdad.
Pero el problema no es solo económico; es estructural. México carece de una política integral para recibir e integrar a los deportados. No existen suficientes programas que certifiquen sus competencias, que los inserten en empleos formales o que fomenten el emprendimiento. Incluso en sectores con alta demanda de mano de obra, como el de la construcción o la tecnología, estas personas quedan excluidas.
Es necesario replantear este enfoque. México podría ver en los deportados una oportunidad de crecimiento económico. Al establecer programas de capacitación y certificación, facilitar el acceso al crédito y fomentar la inclusión laboral, los deportados podrían convertirse en un motor para la economía nacional. Además, aprovechar su experiencia internacional podría impulsar industrias como el turismo, los servicios bilingües y la tecnología.
En lugar de percibirlos como una carga, México debe asumirlos como un recurso. La experiencia y el talento que estas personas traen consigo no solo son valiosos para ellos, sino para el desarrollo del país. Ignorar su potencial es un error costoso, tanto social como financieramente.
La migración es un fenómeno natural y constante en el mundo globalizado, y aunque las deportaciones pueden ser inevitables, la falta de preparación para recibir a nuestros connacionales no lo es. Si México quiere crecer, debe empezar por reconocer que los deportados no son solo cifras: son personas con capacidad de transformar el panorama económico de nuestro país.
