Buena es la justicia si no la doblara la malicia
Carlos Mota Galván
Como “un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”, definió su renuncia anticipada al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, quien junto con 7 ministros más, anuncian su decisión de no prestarse al circo en que pretenden conformar la futura Corte, el próximo año.
Esta renuncia, aseguró, no implica conformidad alguna con la separación del cargo ni con la reforma judicial aprobada recientemente, sino congruencia con la labor desempeñada hasta el momento. Ana Margarita Ríos Farjat, otra de los ministros renunciantes y congruentes con su encomienda, afirmó más temprano, que aceptar las condiciones que han “legalizado” implicaría perder la dignidad y la libertad que exige el cargo, lo que descarto siquiera considerar. El resto de los ministros que presentaron su carta de dimisión fueron: Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Javier Laynez Potisek, Luis Maria Aguilar.
Tales muestras de respeto por la investidura conferida no fueron secundadas, por supuesto, por las ministras: Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz, quienes no solo aspiran a seguir con la chamba sino incluso hasta a convertirse, alguna de ellas, en la próxima presidenta. Así de dramático pintan las cosas para nuestro país.
El cerco que han tendido contra el Poder Judicial, primero López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, es tan fuerte, que no han dejado otra respuesta a los ministros más que la de presentar su renuncia para salvaguardar su reputación, honor y sus derechos laborales. De hecho hasta el miércoles por la tarde, fecha límite para hacerlo, y salvaguardar su haber de retiro, ya eran 580 los jueces y magistrados que habían presentado ante el senado su declinación a participar en la elección de 2025 como ordena la reforma, aunque ahora se están desdiciendo de lo impulsado por Morena, votado y aprobado, como esta publicado en el artículo 7º transitorio de la reforma al Poder Judicial, que ellos mismos redactaron, para supuestamente garantizar los derechos laborales de los implicados en la reforma.
Ellos lo maquinaron, impulsaron y aprobaron y ahora para desprestigiarlos, les atacan con ese argumento tan bajo. Por cierto, y ya que hablamos de esta reforma, se ha manejado que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O., está más que preocupado por cómo podría este Gobierno afrontar el otorgar los 13 mil millones de pesos que necesita el INE para la elección de jueces y magistrados el próximo año, pues no los tienen, por lo que aún estos fondos no aparecen en el presupuesto 2025.
Una cosa es segura, las elecciones del Poder Judicial además de representar un gasto oneroso e innecesario para acabar con la corrupción que existe en la impartición de justicia en México, no conseguirá nunca su cometido, pues de antemano se ve, los dados están cargados y el personal a elegir será en su inmensa mayoría incapaz de cumplir, por carecer de experiencia y autonomía, y si a ello sumamos que el verdadero cáncer de todo proceso jurídico se encuentra en las fiscalías, la destrucción que se hace ahora imposibilita construir algo sobre arena movediza. Por si alguien duda del proceso de selección, conviene mencionar que esté se hará por un Comité de Evaluación que está cargado de funcionarios ligados al partido en el poder, Morena.
En las campañas políticas, porqué eso serán, que realicen nuestros futuros jueces y magistrados, placeados entre la multitud de posibles votantes, veremos y escucharemos muchas promesas imposibles de cumplir, pero que agraden los oídos del “pueblo bueno” que en el momento aplaudirán, pero cuando lleguen las sentencias reclamarán, ahí sin duda se iniciará el parteaguas que nos lleve de la democracia a un estadío diferente, por eso se votó y ahora viene el momento de la cosecha, amarga, pero cosecha al fin.
