/ Octavio Campos Ortiz /
Las iniciativas que el presidente presentará el 5 de febrero en el recinto parlamentario que ocupó la Cámara de Diputados durante el siglo XIX en Palacio Nacional tienen un evidente propósito electoral; es su última ofensiva contra la oposición y la verdadera democracia, busca cooptar el voto de los trabajadores y clasemedieros que creen ilusamente en una reforma a las pensiones para obtener, supuestamente, más ingresos al término de su vida productiva. Si esa estrategia electorera fallara, cuenta con la intentona final para apoderarse por completo del Máximo Tribunal del país para impugnar un triunfo adverso a la 4T o frenar cualquier denuncia en contra de una elección de Estado. Actualmente tiene aletargados al árbitro electoral y a los magistrados.
Experto en el manejo del mensaje político y de las alegorías, de las parábolas, del montaje, escogió con acierto la escenografía de la ex sede del Congreso para posicionarse como un republicano, un juarista de sepa que lucha, desde la legalidad, contra los conservadores, contra los enemigos del pueblo. Finalmente, el Teatro de la República es el lugar donde si bien se firmó la Carta Magna de l917, de corte eminentemente social, no deja de ser el andamiaje jurídico en el que se manejaron los aborrecidos gobiernos neoliberales, aunque este régimen es el que más ha violentado la Constitución –“a mí no me vengan con que la ley es la ley”-; para efectos propagandísticos es fundamental representar un falso liberalismo.
La reforma a la Ley de pensiones es una trampa fatal que no solo engaña a los empleados formales, también crea desconfianza empresarial, debilita la certeza jurídica e incrementará el tributo a los contribuyentes para llenar el boquete financiero que habrá en la economía para enfrentar el pago a los retirados. Ningún país en el mundo, ni los nórdicos, cuentan con un sistema de pensiones que garantice la jubilación con el 100 por ciento del salario. La propuesta demagoga del inquilino de Palacio Nacional pretende tranquilizar a los patrones, por lo que ofrece -como si fuera dinero de su bolsa-, que el gobierno aporte la mayor parte de los recursos que se requieren, cuando hay un déficit presupuestal histórico y no se ha querido hacer una reforma fiscal integral.
La preocupante iniciativa presidencial busca – además de apodarse de los fondos de las afores para hacer uso discrecional de ellos para cubrir los programas asistencialistas y electoreros-, conquistar un mayor número de sufragios entre los depauperados trabajadores formales -aunque el 60 por ciento de la fuerza laboral es de asalariados informales, quienes no entrarían en ese esquema-, que sueñan con estar pensionados con su salario completo. En la Secretaría de Hacienda saben que eso es imposible, pero son incapaces de contradecir las órdenes del patrón por insensatas que sean.
Nuestra economía no está preparada para ese gasto, sobre todo cuando será un sexenio con crecimiento cero, tampoco los empleadores cuentan con suficientes ganancias para afrontar un reto de esa magnitud y la administración misma no tiene recursos suficientes porque debe cubrir el monto del cada vez más creciente egreso de los programas sociales, los cuales encarecen el costo de los votos.
Otro despropósito constitucional, en pleno aniversario, es la propuesta de hacer que la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea mediante el voto popular, estrategia demagoga y populista que hace peligrar no solo la independencia y autonomía de la Corte, sino que pende de un hilo la profesionalización e imparcialidad de los integrantes, quienes lejos de ser jurisconsultos con amplios atributos en materia jurídica y experiencia como constitucionalistas, serían leguleyos y buscapleitos abyectos a las órdenes del poder Ejecutivo; actualmente tres ministros cumplen con esos requisitos y el sufragio popular haría que los onces togados estén al servicio de un solo hombre.
La oposición, más allá de sus intereses políticos, personales o mezquinos, debe conformar un frente que evite pasen las iniciativas electoreras y demostrar que el Congreso no es una oficialía de partes del inquilino de Palacio Nacional.
