noviembre 23, 2024

Avanzan comisiones unidas en ordenamientos que protejan a la niñez y adolescencia de la violencia sexual

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A días del aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, los integrantes de las Comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia y la de Estudios Legislativos Segunda se reunieron para revisar y aprobar la iniciativa que propone reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación al delito de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de darle visibilidad y aumentar las medidas de protección para niñas, niños y adolescentes.

Coinciden en la necesidad de fortalecer la legislación para atender esta grave vulneración a sus derechos de acuerdo al Interés Superior del Niño. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una de las agresiones más severas contra su integridad física, psicológica y emocional; cuando este se manifiesta, afecta de forma significativa y vulnera a una serie de derechos universales que están interconectados entre los que destacan: el derecho a la paz, la educación, la protección de la salud, la seguridad social y por supuesto a una vida libre de violencia.

Así como lo señala la Senadora María Antonia Cárdenas: “La iniciativa busca aplicar medidas urgentes de protección especial cuando se comete abuso sexual a niñas, niños y adolescentes e incorporar los principios reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los tratados internacionales”.

Además, comentó que tiene la intención de que esta reforma sea votada en el pleno antes del final de este periodo y enviada a la cámara de diputados para convertirse pronto en ley.

Es por ello, que los legisladores de ambas Comisiones realizaron un trabajo conjunto para la revisión de la iniciativa que propone reformar el penúltimo párrafo del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y dar visibilidad a las medidas de protección para niñas, niños y adolescentes, de tal manera que los órganos jurisdiccionales y los ministerios públicos atiendan los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes con un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia.

Además, busca garantizar el principio de transversalidad con base en lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo tanto, se propone que dicho párrafo establezca que en el caso de que las víctimas sean niñas, niños o adolescentes, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta el principio del interés superior, todos los derechos establecidos en los Tratados Internacionales, así como en la legislación nacional.

Se propone adicionar un párrafo al artículo 137, con la finalidad de que en la aplicación de las medidas de protección cuando se trate de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, se aplique de manera supletoria las medidas urgentes de protección previstas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por su parte, la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, destacó que “las niñas y los niños no tienen partidos, sino derechos. Es por ello la importancia de este trabajo en conjunto de las diferentes comisiones para lograr acciones que puedan atender y resolver las problemáticas en materia de violencia sexual en nuestro país”.

La reunión de Comisiones Unidas representa un gran avance para la construcción de ordenamientos que protejan a la niñez y adolescencia de la violencia sexual. Sin embargo, “aún falta mucho por hacer, es necesario fortalecer a los sistemas de protección para la atención y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Es trabajar hacia la prevención de esta terrible violencia, desde los hogares, las escuelas y las calles. No serán suficientes los esfuerzos hasta garantizar que ninguna niña, niño o adolescente no sufra cualquier
tipo de violencia sexual”, así lo señala Diana Rosales Espinosa, directora ejecutiva y Representante Legal de Aldeas Infantiles SOS, que apoyó al Senado en la construcción de esta propuesta.

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