Arturo Zárate Vite
Cuando se habla de la reforma al Poder Judicial Federal se tocan grandes temas, como la necesidad de separar al Consejo de la Judicatura Federal de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de darle autonomía a la Defensoría de Oficio, para que no sea juez y parte como sucede ahora.
También el nombramiento de jueces y magistrados, los cambios de adscripción o de sede de los juzgadores, medidas disciplinarias, sanciones, destituciones y manejo de fideicomisos.
De nuevo está en la mesa el propósito de reformar el poder judicial, tanto en lo constitucional como en leyes secundarias. Modernizar y hacer justas dinámicas anquilosadas que llevan a excesos en perjuicio de inocentes.
La parte que se mantiene en las sombras, abajo de la Corte, es la que le pega de manera directa a la gente.
Es donde la mayoría de los afectados no tiene forma de hacerse escuchar y no entran en las prioridades mediáticas; cargan con la injusticia y el atropellamiento de sus derechos, la impotencia ante juzgadores que pareciera poseen poderes ilimitados.
Hay testimonios de que en 2012 el juez Eduardo Torres Carrillo transgredió el artículo 19 de Constitución, por no definir la situación jurídica de un detenido en las 72 horas que establece la ley. Incluso existe la recomendación 27/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que describe lo sucedido con todo detalle. El afectado presentó la queja correspondiente y resulta que el juzgador no solo fue liberado de cualquier responsabilidad por el Consejo de la Judicatura Federal, sino cambiado de adscripción y ascendido a magistrado.
En diciembre pasado (2022), la magistrada Graciela Guadalupe Rodríguez Escobar, integrante del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito en la Ciudad de México, firmó y emitió acuerdo ilegal para dar por cerrado proceso penal, cuando todavía estaba pendiente el Recurso de Revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella misma se encargó de rectificar al ver que no era posible brincarse al máximo tribunal. No hay información de que el Consejo de la Judicatura le haya llamado la atención, mucho menos sancionado.
Hay otra situación que se repite y raya en la simulación. Cuando por algún motivo o conflicto de interés, en tribunal colegiado, el magistrado o magistrada tiene que excusarse de participar en determinado proceso. Lo suple el secretario o secretaria de acuerdos, subordinado o subordinada del mismo magistrado o magistrada. Por consiguiente, el secretario o secretaria no hará nada distinto a lo que ya hizo o le ordena su jefe o jefa.
Así ocurrió en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la CDMX que preside el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías. Dos secretarios en el lugar de magistradas. Se llegó al extremo de no tomar en cuenta resolución en materia de tortura de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tampoco quiso ir al fondo sobre la observación de que había cometido error jurídico, al reabrir fuera de tiempo caso que ya estaba cerrado. Como juez y parte prefirió desestimar el argumento de la defensa.
Es injusticia en penumbras, producto de juzgadores que se sienten infalibles, que ganan más que el presidente de México y que son incapaces de admitir que se equivocan.
Hay consciencia del problema. El poder legislativo ha planteado la necesidad de reformar y sería ideal que se sumara el mismo poder judicial que debe de conocer tanto sus fortalezas como debilidades.
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