Miguel Tirado Rasso
Y es que, en el gobierno de la 4T,
hemos vivido un desequilibrio entre
los poderes de la Unión, con un poderoso
Ejecutivo con predominio sobre los otros dos.
Pues tal parece que aquella “buena” relación, en no pocas ocasiones hasta sumisa, entre el Poder Judicial de la Federación, léase la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Poder Ejecutivo Federal, esto es, Palacio Nacional, sufrirá un cambio, para bien del país y de nuestra democracia, con un mejor equilibrio de poderes.
Recordemos que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, el Supremo Poder de la Federación, el Poder del Estado, se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y precisa que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. Una fórmula sana para evitar los excesos o abusos de poder, ya que de esta manera se constituye un sistema de contrapesos y equilibrios. Al menos en la teoría.
Así, al Poder Legislativo le corresponde la expedición de las leyes, la conformación del marco jurídico; el Poder Judicial las interpreta e impone su cumplimiento, y al Ejecutivo le toca gobernar en base a la legislación vigente, porque, de acuerdo al principio de legalidad, la autoridad solo puede hacer lo que expresamente le permite la ley.
Y es que, en el gobierno de la 4T, hemos vivido un desequilibrio entre los poderes de la Unión, con un poderoso Ejecutivo con predominio sobre los otros dos. En el Congreso, a una mayoría simple de legisladores de Morena y aliados en la Cámara de Diputados y en el Senado, se agrega una ciega obediencia a las instrucciones de Palacio, bajo un tóxico concepto de lealtad, en el que las leyes se aprueban sin modificar ni una coma, y así les va.
Y en la SCJN, sin llegar a los extremos de obsecuencia de los congresistas, la presidencia anterior de la Corte evitó al máximo contrariar al Ejecutivo, estirando la liga del derecho frente a disposiciones abiertamente contrarias a la Constitución y dejando que el tiempo operara en favor del gobierno, lo que no impidió comentarios críticos desde Palacio, que siempre esperó la misma lealtad y una pronta respuesta como la de sus huestes parlamentarias.
La Corte renovó su presidencia en el inicio del presente año, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Un proceso que, en 2021, se intentó omitir con un artículo transitorio incluido en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que ampliaba por dos años la permanencia del entonces presidente del SCJN. El argumento de Morena era que sólo el ministro presidente, Arturo Zaldívar, garantizaba el éxito de la reforma judicial. Ante lo notoriamente inconstitucional de esta propuesta y el escándalo suscitado por un nuevo intento de violar los plazos legales de permanencia en cargos públicos, la iniciativa fracasó.
La renovación de la presidencia de la SCJN en esta ocasión fue histórica al haber sido elegida una mujer, Norma Lucía Piña, al frente del máximo órgano de justicia. Una ministra de larga trayectoria en el sistema judicial. Su elección, sin embargo, no cayó bien en algunos lugares. A decir del propio huésped de Palacio Nacional, “(la presidenta Norma Piña) siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros defendemos”. Y es que la 4T apostaba a tener una presidente afín, pero su candidata se enredó en un escándalo sobre su tesis profesional que ha puesto en riesgo hasta su permanencia en la Suprema Corte.
Por los dichos de Palacio, su pausada felicitación a la ministra por su nuevo cargo y, el relato del desencuentro del secretario de Gobernación con la ministra presidente, que menciona en su columna el periodista Salvador García Soto, la relación entre estos dos poderes pinta a ser más institucional y equilibrada. Al menos del lado del Poder Judicial, porque por parte del Ejecutivo, ya le dio la bienvenida al estilo 4T.
Sin mayores elementos, hace unos días el jefe del Ejecutivo arremetió contra la ministra presidente, afirmando que, a partir de su llegada a la presidencia de la Corte se ha detectado un aumento en actos ilegales y de injusticias en contra del interés público. Además de señalar que se trata de un Poder Judicial del antiguo régimen con muchos vicios y mucha corrupción.
La relación se va a poner más tensa, cuando se empiecen a estudiar y se resuelvan los casos de leyes y reformas promovidas por el gobierno que, por no cambiarles ni una coma, chocan con los preceptos de la Constitución y han merecido una catarata de impugnaciones que complicarán la concreción de la llamada Cuarta Transformación. Que, por cierto, tras cuatro años de gobierno se sigue sin saber en que consiste.
