2023: la lucha por las instituciones y las percepciones

Antonio Ocaranza Fernández*

En 2023, el año previo a la elección presidencial, se prepara el terreno para la contienda electoral del 2024 en dos dimensiones: operativa, a nivel de instituciones, y de percepción, a nivel de la opinión pública. Cómo las acciones del gobierno impacten instituciones y la impresión de la población sobre el rumbo del país, determinará, en buena parte, el desenlace final.

La lucha institucional

Es conocido el desdén presidencial por las instituciones independientes, autónomas, que son un elemento importante para la gobernanza del país. El presidente López Obrador considera que, en realidad, fueron concebidas como instrumentos de la clase económica y política para perpetuar sus intereses en diversos sectores económicos como el industrial y de telecomunicaciones, energía y  financiero. Desde el inicio de su gobierno ha amenazado con desaparecerlas, rediseñarlas, cooptarlas o debilitarlas con recortes en el presupuesto y postergando nombramientos.

Varias instituciones clave sufrirán cambios profundos en 2023.

El 3 abril de 2023 termina el periodo de cuatro consejeros del INE: su presidente Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz Saldaña. La Cámara de Diputados tendrá que votar por los sustitutos el 28 de marzo. El proceso de selección de candidatos involucra a varias instituciones, como la CNDH y el INAI, y la elección requiere de la mayoría calificada de los diputados -dos terceras partes de los presentes-, lo que obliga a establecer un consenso entre los grupos parlamentarios. Está en juego el control del INE hacia la elección presidencial y la percepción de legitimidad del resultado.

La elección de la presidencia en la Suprema Corte está programada para el 2 de enero de 2023. Los contendientes para relevar a Arturo Zaldívar son los ministros Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña. Aunque la disputa real está entre Esquivel y Gutiérrez Ortiz-Mena, la polémica alrededor de la tesis de Esquivel probablemente reduzca sus posibilidades, y las de Gutiérrez Ortiz-Mena, y aumente la de los otros candidatos.

Si un candidato no reúne al menos 6 votos en la primera votación, los dos ministros con más votos pasan a una segunda ronda, resultando electo quien obtenga la mayoría por seis o más votos. Aunque se ha manifestado respetuoso del proceso, el presidente López Obrador ha planteado la disputa entre dos bandos: el consecuente con la transformación, que representa la ministra Esquivel, y conservador que respalda al “más rico de los magistrados”. La nueva Corte tendrá que resolver temas controversiales, como las reformas al aparato electoral, que son fundamentales para la gobernabilidad.

Parálisis del Senado

Otras instituciones se encuentran debilitadas por la inacción del Senado ya que tiene pendientes 32 nombramientos que ponen en riesgo la operación de 24 organismos. Entre ellos se encuentran el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que continúa sin presidente; el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que tiene dos asientos vacíos y en marzo de 2023, con la salida de del consejero Francisco Javier Acuña, quedará con solo 4 integrantes; y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en donde están pendientes 2 vacantes. En el sector energético el presidente López Obrador tiene pendiente enviar ternas para la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyos plenos quedarán incompletos y sin posibilidad de sesionar a partir de enero de 2023. Al problema de las vacantes se suma el de los nombramientos aprobados de candidatos que han sido fuertemente cuestionados porque no cuentan con los conocimientos para ocupar los puestos o porque son afines al gobierno.

La lucha de percepciones                                                                                                                        

La definición de la elección del 2024 dependerá de la percepción de los votantes con respecto a los temas que afectan su vida y, en especial, su seguridad y su economía. El candidato del gobierno se verá beneficiado por la sensación de que hay avances en el control de la inflación, la creación de empleo y la lucha contra la delincuencia; el candidato de oposición fincará su mensaje en las fallas del gobierno para proteger a los mexicanos y darles oportunidades de progreso.

A partir del 2023 se dará una guerra intensa por la interpretación de cifras de todo tipo: la reducción de la pobreza y la inflación, el crecimiento del PIB, el empleo formal, la inversión extranjera, el desempeño de PEMEX y CFE; los costos del Tren Maya, AIFA, Dos Bocas y el Corredor Transístmico; el índice delictivo y la eficacia de la política de seguridad.

Las instituciones y organizaciones que emiten este tipo de información, sean públicas o privadas, serán cuestionadas con base en el uso que los actores políticos den a sus reportes y sobre sus cifras se construirán las narrativas de cambio o continuidad que sustenten a las alianzas y sus candidatos. El reto para el presidente López Obrador es que su narrativa aguante un año más de culpar al neoliberalismo de las limitaciones de su gobierno y para la oposición que su mensaje persuada a votantes independientes y simpatizantes del presidente que no necesariamente se identifican con Morena.

El 2023 será un año de constantes escaramuzas para afilar las armas hacia la batalla definitiva. Los comicios serán organizados y/o supervisados por instituciones que en 2023 experimentarán cambios profundos y estarán dominados por argumentos y narrativas que se pondrán a prueba a lo largo del año. Será un año del despegue de todos los actores políticos que quieran construir un desenlace favorable en el 2024. La turbulencia se avecina.

*CEO de OCA Reputación

@aocaranza