¿Layda Sansores enloquece? Amenaza al Congreso por crédito de mil millones

Diez de 16 diputados de Morena en Campeche rompieron comunicación con la gobernadora Layda Sansores, luego de que esta pretendiera obligar al Congreso a aprobar un crédito de mil millones de pesos para subsanar los recortes presupuestales del 2026.

El presidente del Congreso de Campeche, el morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez, criticó actitud represiva de la mandataria luego de que ella mandó a la policía estatal para amedrentarlo, lo que configura una grave crisis política de Poderes en la entidad.

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGECam) negó que se hubiera implementado un operativo oficial de detención, se reportó un cerco policial e intento de intimidación al líder congresista. Los legisladores denunciaron acoso al Poder Legislativo.

Fuerzas ministeriales rodearon la sede del Congreso para intimidar al grupo “rebelde” encabezado por Jiménez Gutiérrez y otros diputados que permanecieron atrincherados en sus oficinas ante la amenaza de detención. Layda Sansores podría enfrentar en breve graves problemas con la Federación.

A mediados de enero pasado, la Suprema Corte de Jus (SCJN) invalidó “superpoderes” que Sansores quiso autoasignarse para aprobar obras públicas sin consultar a los municipios. A esto se suma la reciente detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José Alberto Abud Flores.

Pretendieron detenerlo bajo cargos de posesión de drogas, lo cual fue calificado por opositores y académicos como una vendetta política de la gobernadora. Además, desde tiempo inició una campaña sistemática de hostigamiento, estigmatización y acoso judicial contra periodistas.

Jorge González Valdez, ex director de Tribuna, es el caso más emblemático. Fue vinculado a proceso por presunta “incitación al odio y violencia” contra ella. Fue arrestado y amenazado con una multa de 2 millones de pesos o el embargo de su casa. Además, se le impuso una restricción de dos años sin ejercer el periodismo.

Carlos Martínez, Abraham Martínez y Hubert Carrera, fueron obligados por el Tribunal Electoral local a ofrecer disculpas públicas tras ser acusados de violencia política de género por criticar a Sansores. Carlos Martínez denunció que el gobierno incluso solicitó información sobre sus bienes personales como medida de presión.

La Fiscalía de Campeche exigió al personal del portal Telemar, revelar la identidad de los redactores de 58 notas críticas. El medio se negó citando riesgos de seguridad y calificando el acto como una estrategia para liquidar a la prensa crítica.

Campaña en el “Martes del Jaguar”: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado el uso de este programa oficial para intimidar a comunicadores y medios de comunicación.