El viaje donde el Estado falla: Migrar siendo mujer

Por Daniel Lee

Migrar, para millones de mujeres, no es una elección libre ni un trayecto neutro. Es una huida, una apuesta por la supervivencia que comienza mucho antes de cruzar una frontera y continúa a lo largo de un camino sembrado de violencia, desigualdad y exclusión.
Cada paso implica un riesgo. Cada frontera, visible o invisible, es un recordatorio de que sus cuerpos se mueven en territorios donde la protección es excepción y la amenaza, regla. En América Latina, y particularmente en México —país de origen, tránsito, destino y retorno— la experiencia migratoria femenina se ha convertido en una crisis estructural de derechos humanos que persiste en silencio.
Las mujeres migrantes se enfrentan a una triple condición de vulnerabilidad: su género, su estatus migratorio y la precariedad económica que las empuja a desplazarse.
Esta combinación no es fortuita; responde a estructuras históricas que profundizan la desigual
dad y amplifican la exposición a distintas formas de violencia. Durante el trayecto, muchas enfrentan agresiones sexuales, trata de personas, explotación laboral, detenciones arbitrarias y discriminación institucional, además de obstáculos severos para acceder a servicios básicos como salud, justicia y protección social.
Los datos de organismos internacionales confirman que un número alarmante de mujeres en movilidad ha sufrido violencia sexual en algún punto de su recorrido. No se trata solo de cifras: es un problema político y de responsabilidad estatal.
Desde el ámbito normativo, los derechos de las mujeres migrantes están ampliamente reconocidos. Instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención de Belém do Pará y los compromisos de la Agenda 2030 establecen obligaciones claras para los Estados en materia de protección, igualdad y no discriminación.
En el caso de México, este marco se refuerza con la Constitución, la Ley de Migración y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
No obstante, la distancia entre lo que establecen las leyes y lo que ocurre en la práctica sigue siendo profunda.
En las últimas décadas, la política migratoria ha privilegiado la lógica de la contención y la seguridad por encima de la protección de derechos. El reforzamiento de fronteras, los operativos de detención y la criminalización del tránsito irregular empujan a las mujeres a escenarios de mayor clandestinidad. Y la clandestinidad, lejos de ofrecer seguridad, multiplica la impunidad. Cuando el Estado opta por detener antes que proteger, no reduce los riesgos: los reproduce y los agrava.
A este panorama se suma la explotación económica. Muchas mujeres migran para sostener a sus familias, cuidar hijas e hijos, o escapar de violencias domésticas y comunitarias. Sin embargo, en los lugares de destino suelen incorporarse a sectores laborales invisibles y precarizados: trabajo doméstico, agrícola, maquila, cuidados. Lo hacen sin contratos, sin seguridad social y con salarios por debajo del mínimo. La economía se beneficia de su fuerza de trabajo, pero les niega derechos. Es una paradoja brutal: su labor sostiene sistemas productivos, mientras su dignidad queda fuera del contrato.
La maternidad en contexto migratorio es otro territorio de disputa. Separaciones forzadas, detención de niñas y niños, falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, partos sin atención adecuada o la amenaza constante de deportación configuran violencias institucionales que vulneran el interés superior de la niñez y el derecho a la unidad familiar.
Hablar de mujeres migrantes no es hablar de víctimas pasivas. Son sujetas activas, proveedoras, cuidadoras, organizadoras, defensoras de la vida. Pero su resistencia no puede seguir siendo utilizada como coartada para la omisión estatal. La resiliencia no reemplaza la justicia.
La respuesta debe ser integral y con perspectiva de género: rutas seguras de tránsito, refugios especializados, acceso real al asilo, regularización migratoria, atención a la salud mental y reproductiva, mecanismos eficaces de denuncia, sanción a redes de trata y explotación, y programas de inserción laboral formal. También es indispensable capacitar a autoridades migratorias y de seguridad en derechos humanos y no discriminación.
Garantizar derechos no es un gesto humanitario ni una concesión política: es una obligación jurídica.

La forma en que un Estado trata a las mujeres migrantes revela la calidad real de su democracia. Cuando se tolera que sus cuerpos se conviertan en frontera, mercancía o castigo, no solo se violan derechos individuales: se fractura el pacto social.
Las mujeres migran por vida, por futuro, por dignidad. Lo mínimo que corresponde es que el Estado no convierta ese viaje en una condena. Defender sus derechos no es caridad.

Es justicia.