Deportados y solos: la omisión del Estado mexicano y el silencio de Tatiana Clouthier

Por Daniel Lee

En el último año, y lo que va de este 2026, más de 150 mil mexicanos han sido deportados de los Estados Unidos de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Unidad de Política Migratoria del Gobierno federal. Sin embargo, el dato verdaderamente alarmante no es el número de repatriaciones, sino lo que ocurrió —o dejó de ocurrir— después: solo apenas de a mitad de nuestros paisanos recibió algún tipo de asistencia consular. El resto fue devuelto a México prácticamente a la deriva, sin acompañamiento legal, sin orientación y, en muchos casos, sin condiciones mínimas de dignidad.
Esta realidad no es producto del azar ni de un colapso repentino. Es consecuencia directa de una política migratoria que ha decidido normalizar el abandono de sus propios ciudadanos en el exterior. Cuando un Estado no acompaña a sus migrantes en el momento más vulnerable —la detención, la deportación, la separación familiar—, no estamos ante una falla administrativa: estamos ante una renuncia deliberada a una responsabilidad básica.
El problema se agrava cuando se observa quiénes están al frente de las instituciones encargadas de proteger a las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Tatiana Clouthier, titular del Instituto de las Mexicanas y los Mexicanos en el Exterior (IMME), ha convertido una posición estratégica en un cargo irrelevante. Bajo su gestión, el instituto ha perdido presencia pública, capacidad de incidencia y, sobre todo, utilidad real para los migrantes.
El IMME debería ser el puente entre el Estado mexicano y una diáspora de más de 12 millones de personas. Debería articular redes de apoyo, exigir a los consulados respuestas efectivas y presionar políticamente cuando los derechos de los mexicanos son vulnerados. En cambio, se ha vuelto una oficina decorativa, atrapada en esporádicos comunicados, eventos simbólicos y un discurso que no se traduce en protección concreta.
Mientras miles de mexicanos son detenidos en redadas, enfrentan procesos migratorios sin defensa adecuada o son deportados sin aviso previo a sus familias, la respuesta institucional es el silencio. No hay posicionamientos firmes, no hay exigencias públicas al gobierno estadounidense, no hay una estrategia visible para enfrentar el endurecimiento de las políticas migratorias. La ausencia de Clouthier en los momentos críticos no es casual: es reflejo de una gestión desconectada de la realidad migrante.
Que solo la mitad de los deportados haya recibido asistencia consular revela un sistema rebasado, pero también una falta de voluntad política. Los consulados, ya de por sí saturados y con personal insuficiente, operan sin una directriz clara que priorice la atención a detenidos y deportados. Y desde la estructura central, lejos de reforzar capacidades, se administra la precariedad como si fuera inevitable.
La narrativa oficial insiste en que los migrantes son “héroes” y “orgullo nacional”. Pero cuando esos héroes son expulsados, criminalizados o abandonados, el Estado desaparece. No hay programas sólidos de acompañamiento legal, no hay seguimiento tras la repatriación, no hay coordinación efectiva con autoridades locales en México para recibirlos. El discurso se queda en propaganda; la política pública, en omisión.
La responsabilidad de Tatiana Clouthier no es menor. Su cargo no es honorífico ni simbólico. Es político y operativo. Su desdén frente a esta crisis —medido en silencios, inacción y falta de liderazgo— ha contribuido a que la protección consular se vuelva una lotería: algunos reciben ayuda; otros, simplemente no importan.
En un contexto de deportaciones masivas y endurecimiento migratorio en Estados Unidos, esta indiferencia es inaceptable. Cada deportado sin asistencia consular es una prueba de que el Estado mexicano falla donde más debería estar presente. Cada familia separada sin apoyo institucional es una evidencia de que la política migratoria se ha reducido a administrar números, no a defender personas.
México no puede seguir presumiendo su compromiso con los migrantes mientras los abandona en los hechos. Y quienes encabezan las instituciones encargadas de protegerlos no pueden escudarse en discursos progresistas mientras toleran —o permiten— que más de 40 mil connacionales sean deportados sin respaldo alguno.
La migración no se gestiona con slogans ni con figuras políticas recicladas. Se enfrenta con presencia, exigencia diplomática y responsabilidad institucional. Hoy, en esa tarea, el Estado mexicano —y particularmente Tatiana Clouthier— están quedando a deber. Y el costo lo pagan, como siempre, los migrantes