Por Daniel Lee
El año arranca con una verdad incómoda que muchos prefieren no mirar de frente: en 2026, migrar volvió a significar para nuestros paisanos en EU el riesgo real de perder a sus hijos; No por una catástrofe natural ni por un accidente inevitable, sino por decisiones políticas deliberadas que han convertido a la infancia migrante —particularmente la de origen mexicano— en un auténtico daño colateral.
En las escuelas de comunidades migrantes, 2026 comienza con pupitres vacíos. Niños ciudadanos estadounidenses que no regresaron a clases porque sus padres fueron detenidos. Maestros que se convierten en primeros respondientes emocionales. Psicólogos escolares desbordados. La frontera ya no está sólo en el desierto; atraviesa salones, parques y hogares.
Para la infancia migrante mexicana, la paradoja es muy dura. Muchos nacieron en Estados Unidos, hablan inglés como lengua principal, conocen México apenas por relatos familiares, pero hoy viven bajo la amenaza constante de una deportación que no eligieron. Ciudadanos en papel, pero extranjeros en la práctica. Sujetos de derecho en el discurso, cuerpos prescindibles en la ejecución.
Las políticas migratorias impulsadas y reactivadas bajo la lógica de Donald Trump no sólo endurecieron fronteras; reconfiguraron la vida familiar como un campo de castigo. Separar, disuadir, encerrar, deportar. Verbos administrativos que esconden escenas íntimas: niños esperando llamadas que no llegan, mochilas escolares abandonadas, cunas vacías, silencios prolongados que ningún expediente consular logra reparar.
Las medidas impulsadas y reactivadas bajo la agenda migratoria del gobierno norteamericano han convertido la estructura familiar en una realidad cruel. Padres deportados, madres detenidas y menores que quedan bajo custodia temporal o al cuidado de terceros.
Este patrón sistemático desencadena una franca fragmentación familiar que organizaciones civiles y defensores de derechos humanos observan y califican como castigo institucionalizado.
En este contexto Fuerza Migrante ha mostrado preocupación por las condiciones que afectan a migrantes y sus familias en procesos de reunificación, incluso denunciando prácticas abusivas en mecanismos como las visas de reunificación familiar cuando se convierten en trámites inaccesibles o explotados, lo que afortunadamente apunta a una defensa implícita de un enfoque más humanitario en migración familiar.
Miles de niñas y niños crecerán aprendiendo a callar, a no abrir la puerta, a memorizar números de abogados antes que canciones infantiles. La infancia, ese tiempo que debería ser refugio, se ha vuelto un territorio de vigilancia.
El discurso oficial insiste en que se trata de “hacer cumplir la ley”. Pero cuando la ley produce trauma infantil como resultado sistemático, deja de ser justicia y se convierte en violencia institucional. No hay eufemismo que oculte que separar familias es una estrategia de disuasión. Que el miedo se administra como política pública. Que la niñez migrante es usada como mensaje: no vengan, o sus hijos pagarán el precio.
Y hablemos de esta otra realidad estimado lector: El retorno forzado —cuando ocurre— es igualmente cruda. Niños y niñas llegan a un país que les resulta ajeno, enfrentan rezagos escolares, discriminación, burocracias que no saben cómo nombrarlos. México recibe, pero no reintegra; observa, pero no protege. La política consular sigue siendo reactiva, fragmentada, incapaz de construir una defensa integral de la infancia migrante más allá de comunicados y buenas intenciones.
Mientras tanto, en Estados Unidos, la detención migratoria sigue normalizando el encierro infantil. Centros “temporales” que se vuelven permanentes. Espacios donde el tiempo se diluye y el trauma se acumula. Cada día de encierro es una deuda futura en salud mental, en confianza social, en cohesión comunitaria. Ninguna nación que se diga democrática puede justificar esto sin erosionar sus propios cimientos.
2026 no debería ser recordado como el año en que la política volvió a ganarle a la humanidad. Y, sin embargo, ese es el riesgo si la infancia migrante sigue siendo tratada como variable secundaria en el debate público. No hay reforma migratoria legítima si no coloca a niñas y niños en el centro. No hay seguridad fronteriza que valga el precio de infancias rotas. No hay discurso de legalidad que excuse el castigo colectivo.
Este arranque de año exige algo más que diagnósticos. Exige nombrar responsabilidades, romper la normalización del daño, y construir una narrativa distinta: una donde migrar no sea sinónimo de perder a tus hijos; donde la infancia no sea rehén de campañas electorales ni de obsesiones punitivas. Perdón… Así veo yo las cosas… mera reflexión. Hasta la próxima.
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