Por Daniel Lee
Migrar inmovilizados. El continente que normalizó la crueldad
Este 2025 cierra con un saldo negativo para las poblaciones en movilidad. Lo que hoy viven migrantes y solicitantes de asilo no es una simple “crisis migratoria”, sino una política deliberada de inmovilización, exclusión y castigo, cuyos efectos ya no se miden solo en cifras, sino en vidas suspendidas, familias rotas y derechos humanos sistemáticamente vulnerados.
El objetivo central del gobierno de Donald Trump ha sido claro y reiterado: reducir a cero los arribos de migrantes y solicitantes de asilo a la frontera sur de Estados Unidos. A estas alturas, puede afirmarse que lo ha logrado en gran medida. Pero no lo hizo solo. Ese cierre casi total ha contado con la colaboración activa —o la subordinación— de México y de otros gobiernos latinoamericanos, e incluso extracontinentales, que han aceptado funcionar como muros extendidos a cambio de concesiones políticas, comerciales o de simple alineamiento ideológico.
Esta parálisis forzada de la movilidad humana no es una señal de que hayan desaparecido las causas que empujan a migrar. Al contrario: violencia criminal, colapso institucional, persecución política, pobreza estructural y crisis climática siguen ahí, intactas. La diferencia es que hoy migrar se ha vuelto casi imposible, y no migrar se ha vuelto letal para miles de personas atrapadas en territorios dominados por el miedo.
La segunda cara de este asedio es aún más duro: la ofensiva directa contra quienes ya viven en Estados Unidos, incluso aquellos que ingresaron legalmente o que se encuentran en procesos de regularización o naturalización. Las redadas del ICE, ejecutadas con lógica y equipo paramilitar, no buscan solo detener y deportar; buscan sembrar terror. El mensaje es inequívoco: nadie está a salvo si “parece migrante”, si habla español, si tiene la piel oscura. La xenofobia y el racismo han dejado de ser discursos marginales para convertirse en política de Estado.
No es exagerado afirmar que resulta difícil encontrar en la historia reciente de Estados Unidos un periodo de asedio antiinmigrante con esta intensidad, esta sistematicidad y este nivel de violencia institucional. Lo más inquietante es que este modelo se está exportando. Liderazgos de extrema derecha en América Latina —como en Chile o Argentina— han comenzado a imitar esta narrativa, utilizando el maltrato a migrantes y refugiados como moneda de cambio electoral, pese a su irracionalidad económica y su abierta violación del derecho internacional de los derechos humanos.
El contraste histórico es brutal. En diciembre de 2018, la comunidad internacional celebraba el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Hoy, apenas siete años después, ese consenso parece papel mojado. México encarna esta contradicción de manera emblemática: pasó de ser promotor activo del Pacto Mundial a alinearse de facto con la agenda antiinmigrante de Washington desde 2019 y hasta la fecha, sacrificando su discurso humanitario en nombre de la contención.
Las consecuencias son visibles en el territorio. Personas que necesitaban protección internacional hoy deambulan sin horizonte claro, buscando rutas cada vez más peligrosas o resignándose a sobrevivir en condiciones extremas. Otras quedaron atrapadas en el camino: en Tapachula, en la Ciudad de México y en diversas ciudades del país, miles de familias enfrentan la calle, el hacinamiento y la precariedad. Así las cosas…
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