Por Daniel Lee
Desata críticas por deshumanización del sistema migratorio
El gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), planea transformar grandes almacenes industriales en centros de detención migratoria como parte de una estrategia federal para ampliar su capacidad de reclusión y acelerar las deportaciones.
El proyecto, revelado por The Washington Post y difundido por Univision, propone un modelo logístico centralizado que ha generado una fuerte reacción por el lenguaje y el enfoque con el que se concibe la detención de personas migrantes.
De acuerdo con el borrador del plan, la iniciativa busca sustituir traslados improvisados y costosos por un sistema “organizado y eficiente”, inspirado en redes de distribución comercial. La comparación implícita -y en algunos casos explícita- entre migrantes y paquetes dentro de una cadena logística ha sido uno de los puntos más polémicos, al reforzar la percepción de que el enfoque privilegia la rapidez administrativa por encima de la dignidad humana.
El esquema contempla centros de procesamiento inicial donde las personas detenidas permanecerían varias semanas antes de ser trasladadas a grandes complejos regionales. Siete instalaciones mayores alojarían entre cinco mil y diez mil personas cada una, mientras que dieciséis centros adicionales, de menor capacidad, servirían para redistribuir población detenida y aliviar la presión operativa en regiones específicas.
El mayor complejo se proyecta en Stafford, Virginia, y la red incluiría sedes en Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Missouri, todas ubicadas estratégicamente cerca de corredores clave de transporte terrestre, ferroviario y aéreo. El diseño revela una lógica eminentemente logística: proximidad a rutas de traslado, reducción de costos y estandarización de procesos de detención y deportación.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos en política migratoria advierten que los almacenes industriales no están diseñados para albergar personas durante periodos prolongados. Señalan deficiencias estructurales recurrentes como ventilación inadecuada, control térmico insuficiente, saneamiento limitado y condiciones poco compatibles con estándares básicos de salud y habitabilidad.
ICE sostiene que los espacios serían adaptados con dormitorios, clínicas, comedores, baños, áreas recreativas y bibliotecas jurídicas, bajo protocolos federales y con personal capacitado. Sin embargo, persisten dudas sobre la supervisión independiente, la transparencia operativa y la garantía efectiva de derechos legales y procesales, especialmente para solicitantes de asilo y familias migrantes.
El antecedente de instalaciones temporales como Fort Bliss, en Texas, donde se documentaron retrasos, deficiencias y problemas de gestión, alimenta el escepticismo sobre la viabilidad real del modelo propuesto.
Sin embargo, la estrategia se inserta en una ofensiva migratoria más amplia impulsada por el presidente Donald Trump, enfocada en incrementar detenciones y deportaciones con respaldo presupuestal del Congreso. La asignación de 45 mil millones de dólares para detención migratoria refleja la magnitud del viraje hacia un enfoque de control intensivo, en un contexto donde las autoridades reportan cientos de miles de deportaciones anuales.
Gobiernos locales, particularmente en jurisdicciones demócratas, han expresado preocupación por el impacto en infraestructura, servicios sociales y seguridad pública. Aunque los centros serían federales, las comunidades receptoras temen asumir costos indirectos y tensiones sociales sin contar con mecanismos claros de compensación o consulta.
El documento aclara que el plan no es definitivo y que ICE prevé consultarlo con empresas privadas especializadas en detención migratoria para evaluar costos y viabilidad antes de lanzar una convocatoria formal. La ausencia de un cronograma detallado añade incertidumbre sobre la rapidez de implementación, aunque el borrador establece que, una vez iniciada la construcción, las instalaciones deberían comenzar a recibir detenidos en un plazo de 30 a 60 días.
Más allá de su viabilidad técnica, el proyecto reabre un debate de fondo sobre el rumbo de la política migratoria estadounidense: si la eficiencia administrativa puede -o debe- imponerse sobre un enfoque centrado en derechos humanos. Para críticos y especialistas, la conversión de almacenes en centros de detención simboliza un modelo que trata la migración como un problema logístico, reduciendo a personas en movilidad a cifras dentro de una cadena de suministro estatal.
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