Por Daniel Lee
El capítulo laboral del T-MEC ha vuelto a ocupar el centro del debate, y no por buenas razones. Aquel apartado que, en 2020, se presentó como un parteaguas para dignificar el trabajo en México hoy revela sus grietas más profundas: una implementación desigual, una fiscalización intermitente y una clase política que, en demasiados casos, ha optado por desentenderse de las obligaciones que el propio país firmó.
Lo que antaño fue celebrado como un avance estructural se está convirtiendo en un recordatorio incómodo: un tratado comercial no sustituye voluntad política, ni limpia de oficio la inercia corporativa y clientelar de décadas. El T-MEC podía convertirse en un catalizador histórico para elevar salarios, garantizar libertad sindical y cerrar la brecha con Estados Unidos y Canadá. Pero su promesa está siendo diluida por el desinterés de quienes deberían defenderlo.
Para México, el T-MEC es mucho más que una ruta de exportaciones o un marco de inversiones. Es un terreno de disputa laboral —una arena donde sindicatos auténticos, organizaciones obreras y colectivos independientes han encontrado una oportunidad para exigir lo que por años les fue negado: negociación real, transparencia, democracia y derechos efectivos. Hoy, esos sindicatos presionan para que la revisión del tratado no sea un trámite, sino una redefinición de prioridades que coloque al trabajador en el centro del modelo económico.
Sin embargo, esa lucha convive con otra realidad: en el Poder Legislativo aún prevalece una franja gris que opera con desdén frente al tema laboral. No es casualidad que figuras como Pedro Haces —producto de un sindicalismo opaco, vertical y políticamente utilitario— sigan ocupando espacios que deberían pertenecer a una nueva generación de liderazgos obreros. Su presencia no solo resulta impresentable desde cualquier perspectiva de evolución democrática; simboliza el lastre que impide que el capítulo laboral del T-MEC se aplique con rigor, coherencia y visión de futuro.
El resultado es una paradoja: mientras los trabajadores mexicanos elevan su nivel de organización y sus exigencias, parte de quienes los representan institucionalmente se niegan a abandonar viejos privilegios. Mientras los sindicatos independientes empujan por reformas estructurales, ciertos actores políticos buscan administrar el mínimo cambio posible. Y mientras Estados Unidos presiona para que México cumpla lo que firmó, una porción de la clase política mexicana sigue actuando como si la modernización laboral fuera optativa.
El T-MEC está bajo escrutinio, sí, pero no solo por sus cláusulas o por disputas comerciales. Está bajo escrutinio porque exhibe, con crudeza, la distancia entre lo que México promete en el papel y lo que algunos de sus actores están dispuestos a hacer realmente por los trabajadores.
La revisión del tratado será una prueba de fuego: o México asume con seriedad la transformación laboral que dice defender, o permitirá que el capítulo más ambicioso del acuerdo termine reducido a un discurso vacío. Porque, al final, el problema no es el T-MEC: es la renuencia de ciertos representantes a dejar atrás un sindicalismo que ya no cabe en un país que aspira a competir con dignidad en el siglo XXI.
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