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Por Carlos Mota Galván
Hace algunos años, un político mexiquense que por aquellos años fungía como diputado federal, me compartía los resultados de una encuesta mandada a hacer por su bancada para medir la confianza ciudadana respecto a diversos servidores públicos, y de cómo, con profunda decepción, constató que los diputados estaban en el penúltimo lugar de la lista solo logrando superar, y por muy poco, a los policías.
Tal recuerdo me vino a la mente luego de conocer cómo la bancada de Morena en la cámara baja reaccionaron ante el anuncio que su coordinador, Ricardo Monreal les hizo esta semana: “Ni modo, compañeros, ustedes mismos se hicieron el harakiri”, a partir de ahora tienen la obligación de acudir a “trabajar” a la Cámara de Diputados de forma presencial por lo que resta del año sino quieren que se les apliquen descuentos salariales por no hacerlo.
La decisión es irrevocable y fue tomada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), argumentaba Monreal, ante los gritos de inconformidad de la mayoría guinda quienes incluso pedían hacer valer su “mayoría” y regresar a poder sesionar a la distancia, decisión que por supuesto es irrevocable después de que algunos comenzaron a faltar mucho, a provocar escándalos por sesionar desde bares, aeropuertos, playas o jugando pádel, como en el colmo del descaro lo hizo Cuauhtémoc Blanco, recientemente.
Por lo pronto la marea guinda esperan esté presente en su totalidad durante las próximas tres semanas donde se discutirá la Ley Nacional de Aguas, la reforma a la Ley General de Salud, donde entre otras cosas se pretende prohibir el uso de vapeadores en el país, y sobre todo durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.
Por cierto, los ahora “responsables” diputados morenistas estrenaron su pase de lista aprobando reducir las penas a aquellos funcionarios públicos que teniendo atribuciones, se abstengan de denunciar un delito de extorsión, pasando de los 10 a 20 años que era la pena vigente a solo 5 o 12 años como máximo, argumentando que un cómplice, no obstante sea funcionario público, no puede tener una pena mayor a la que se aplica al extorsionador. Es decir, podrá ser delincuente, pero por ser de casa, se le protege.
Acciones como las descritas sin duda abonan a la desconfianza ciudadana, nadie en su sano juicio, puede poner su confianza en estos representantes populares cuando su único interés converge en los beneficios económicos que su posición les otorga. El interés social pasa a un segundo término en su agenda y solo funciona correctamente cuando de cooptar votos se trata, su manera de gobernar está muy lejos de los principios de igualdad que dicen les sustentan, la imposición, el avasallar es lo suyo.
El único hilo que les mantiene anclados al suelo es la presión que el gigante del norte les impone constantemente, sanciones como las impuestas al AIFA y al AICM por supuestas violaciones al acuerdo de transporte aeronáutico entre ambas naciones les descolocan enormemente y por más que negocian prórrogas para evitar más aranceles de manera arbitraria en el corto plazo, la realidad es que cada día se abre un nuevo boquete en esta relación que les hace trastabillar constantemente.
Trump está a gusto con este juego del gato y el ratón, sabedor de que tiene la sartén por el mango; la cuarta transformación aprendió a representar su papel a la perfección, busca mediante declaraciones mañaneras mostrar a los suyos que la soberanía es lo primero pero en lo interno hacen mutis y apechugan lo que le ordenan, cada uno representa el papel que le toca jugar sin chistar, la pregunta es hasta cuándo Sheinbaum podrá sostener esta dinámica sin tener que afectar los intereses personales y de partido que le dan sustento.
 
 
                 
         
                         
                        