
Por Daniel Lee

Este sábado cientos de residentes de Washington DC salieron a las calles y protestaron contra la Guardia Nacional y agencias federales desplegadas por orden de Donald Trump.
La marcha fue más que un acto de protesta, escal+o como un grito de advertencia frente a la erosión de libertades civiles y el uso del poder estatal para criminalizar la vida cotidiana en una embestida como nunca antes contra los migrantes.
La Casa Blanca ha intentado justificar esta ocupación alegando una “ola de crímenes” en la ciudad. Pero los datos oficiales son tozudos: la violencia ha disminuido 26 % en el último semestre. La narrativa del miedo se impone a la evidencia. Se trata de un recurso político: inventar una crisis de seguridad para legitimar la militarización de la capital.
Lo más grave es el blanco de estas operaciones. Migrantes, trabajadores pobres y personas sin hogar son los primeros en sentir el peso del acoso.
Los testimonios hablan de detenciones arbitrarias, patrullajes intimidatorios y vigilancia permanente. En otras palabras: se confunde vulnerabilidad con criminalidad. No es casualidad. La estrategia busca instalar un mensaje contundente: quien no encaje en la versión oficial del “buen ciudadano” puede ser tratado como enemigo.
El trasfondo jurídico es igualmente inquietante. Amparado en una cláusula de la Ley de Autonomía de 1973, Trump ha tomado control directo de la Policía Metropolitana y ha desplegado a la Guardia Nacional como fuerza de ocupación interna.
La voluntad local —y el autogobierno limitado de Washington— queda anulada. La encuesta de The Washington Post y la Universidad George Mason lo confirma: ocho de cada diez residentes rechazan esta intervención.
Estamos ante una violación directa del principio democrático más básico: la comunidad local debe tener la última palabra sobre cómo se administra la seguridad en su territorio.
Lo contrario sienta un precedente peligroso: si se normaliza en Washington, ¿qué impedirá que mañana se aplique la misma receta en cualquier ciudad del país bajo el pretexto de la seguridad?
Lo que ocurre hoy en la capital no es un episodio aislado, sino un ensayo de gobernabilidad autoritaria. La militarización de los barrios, el hostigamiento de migrantes y trabajadores, y el desprecio a las autoridades locales forman un cóctel que amenaza con redefinir la frontera entre democracia y autocracia dentro del propio corazón de Estados Unidos.
La marcha en Washington es apenas el inicio de una resistencia ciudadana que no debe apagarse. Porque si se permite que el miedo justifique el despliegue militar contra los más vulnerables, mañana será la sociedad entera la que despierte bajo el peso del uniforme y la sombra del Estado.
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