Por Daniel Lee
Los grupos ambientalistas Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, sí, esos mismos que presentaron la demanda contra ‘Alligator Alcatraz’ advirtieron este viernes que persiste su batalla legal contra este centro de detención migratoria en Florida pese a la orden de la Corte de Apelaciones que suspendió su cierre.
Sin embargo, la eventual reapertura de Alligator Alcatraz y la apertura del nuevo centro penitenciario Baker, cerca de Jacksonville, no son simples hechos administrativos. Son, en realidad, la confirmación de que la política migratoria estadounidense se ha convertido en un laboratorio de ensayos punitivos, donde los seres humanos se reducen a cifras y los pantanos de los Everglades se transforman en escenarios de propaganda electoral.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, lo dijo sin pudor: “llenaremos con miles de detenidos” las instalaciones. El lenguaje revela la lógica que se impone: los migrantes no son personas con derechos, trayectorias y proyectos de vida, sino “ocupantes indeseados” que deben ser almacenados y devueltos como mercancía defectuosa.
La estrategia no es nueva. Durante el primer gobierno de Donald Trump, los centros de detención crecieron en número y visibilidad, pero ahora se ha dado un giro adicional: convertirlos en símbolos políticos de identidad estatal.
Florida, con su gobernador y su fiscal general alineados con la Casa Blanca, busca proyectarse como la vanguardia de la “defensa de la frontera interior”, pese a que el estado ni siquiera colinda con México. Es el mismo libreto que ha seguido Texas con la Operación Lone Star: usar la migración como vehículo para reforzar narrativas nacionalistas y electorales.
La disputa legal en torno a Alligator Alcatraz ha tendo un componente inusual: la denuncia de grupos ambientalistas e indígenas por la afectación de un ecosistema único en los Everglades.
Empero, la Corte de Apelaciones desestimó el argumento con una formalidad: al ser un proyecto estatal, no aplica la Ley Nacional de Política Ambiental. En otras palabras, el vacío legal permite que el costo humano y ambiental quede fuera de toda consideración.
Así, la detención masiva se impone no sólo como un dispositivo contra migrantes, sino como un nuevo frente de colonización sobre territorios frágiles y comunidades indígenas históricamente marginadas.
Lo que ocurre en Florida debe leerse en clave hemisférica. Estados Unidos detiene cada año a más de 200 mil migrantes en instalaciones similares, muchas de ellas gestionadas por corporaciones privadas.
La externalización de fronteras —mediante acuerdos con México y Centroamérica— ya no es suficiente: ahora se consolidan “fronteras interiores”, donde cualquier extranjero indocumentado se convierte en sospechoso, sin importar si lleva décadas en el país.
Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en presentarlos como “delincuentes extranjeros”, reforzando estigmas que justifican políticas de encierro sin alternativas viables de integración. La paradoja es evidente: un país que se construyó gracias a la migración, ahora erige cárceles para criminalizarla.
La posible apertura de un tercer centro en Panhandle anticipa una red de instalaciones carcelarias que marcará la campaña de Trump rumbo a las elecciones de 2026. No se trata solo de controlar la migración, sino de moldear la opinión pública a través de imágenes de fuerza, muros simbólicos y discursos de “orden frente al caos”.
La pregunta es: ¿hasta dónde permitirá la sociedad estadounidense que se convierta la política migratoria en un espectáculo de represión masiva? Y, desde la perspectiva internacional, ¿cuánto más puede resistir América Latina este ciclo de criminalización de su gente, sin exigir un debate serio sobre corresponsabilidad y derechos humanos?
En los pantanos de Florida no solo se ahoga la biodiversidad: también se hunden los principios de dignidad y humanidad que deberían guiar cualquier política migratoria.
Sígueme en mis redes sociales: https://www.facebook.com/daniel.lee.766372/
Y también en https/estadodemexicopress.com/
