Por Daniel Lee
Hay de contrastes a contrastes. En Estados Unidos, la política migratoria se vive en las calles, en los foros públicos y en los auditorios abarrotados de votantes indignados. Diputados y senadores, republicanos y demócratas por igual, se enfrentan cara a cara a ciudadanos que cuestionan, interpelan y exigen explicaciones por las decisiones adoptadas en Washington.
Allí, los congresistas no tienen escapatoria: cada voto, cada postura sobre deportaciones, redadas del ICE, centros de detención y recortes a la asistencia médica es examinado, a veces entre abucheos y acusaciones de complicidad con la Casa Blanca. La confrontación puede ser áspera, pero existe.
Ese contraste desnuda la parálisis mexicana. En México, nuestros diputados y senadores —que gustan hablar de la “defensa de la soberanía” y de los “derechos humanos”— han hecho del silencio su política migratoria. Mientras en Estados Unidos un legislador republicano puede ser interrumpido por electores que le gritan “todos somos inmigrantes” y una congresista demócrata es presionada para rechazar redadas y deportaciones, en el Congreso mexicano apenas si se escuchan debates serios sobre la tragedia que viven miles de connacionales en la frontera o sobre los acuerdos oscuros que hacen del país un tercer país seguro de facto.
Los legisladores estadounidenses, con todos sus excesos, entienden que la migración es tema central en la vida pública: la gente se lo exige y la plaza pública se los recuerda. Los mexicanos, en cambio, parecen creer que basta con comunicados tibios o con posar en reuniones diplomáticas. No hay rendición de cuentas, ni comparecencias exigidas a las autoridades de Migración, ni comisiones legislativas que se atrevan a cuestionar las detenciones masivas, los abusos en estaciones migratorias o los acuerdos bilaterales que afectan directamente a millones de familias.
Mientras en Estados Unidos los congresistas se ven obligados a mirar a los ojos a comunidades agraviadas —aunque sea para justificarse o salir por la puerta trasera ante los gritos de “vergüenza”—, en México la ausencia es el mayor consenso político. Un Congreso que calla, evade y posterga, es un Congreso cómplice.
Si algo demuestra este contraste es que la democracia se mide no solo en urnas, sino en la capacidad de los representantes para responder ante quienes padecen las decisiones. Allá, la migración quema la agenda política; aquí, sigue siendo un expediente olvidado, enterrado bajo la indolencia legislativa.
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