Por Daniel Lee
La diplomacia mexicana en Estados Unidos atraviesa una crisis de credibilidad. A la ya evidente incapacidad de las representaciones consulares para salvaguardar a millones de connacionales, se suma ahora un escándalo que exhibe lo peor de un cuerpo diplomático desconectado de la realidad migrante.
El caso del cónsul en Denver, Pável Meléndez, es paradigmático. Mientras miles de mexicanos en Colorado y estados vecinos enfrentan redadas del ICE, juicios exprés y detenciones arbitrarias, Meléndez centra sus energías en denunciar una supuesta “campaña de desprestigio” en su contra. Según sus palabras, se trata de ataques políticos basados en evidencias fabricadas. Pero la realidad es mucho más grave: existe ya una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) presentada por el abogado y activista Javier Martínez Calzada, líder de la organización Héroes Migrantes.
La querella acusa al cónsul y a dos funcionarios de su representación de tráfico de influencias y cohecho, así como de abandonar a connacionales detenidos por autoridades migratorias estadounidenses. Peor aún: desde la llegada de Meléndez en enero de 2023, se han acumulado múltiples quejas por hostigamiento, persecución y hasta acoso sexual, según testimonios recabados por activistas.
El diplomático asegura que algunos de los detenidos han sido engañados por supuestos abogados que lucran con su desesperación. Pero esa narrativa no explica por qué el consulado se ha mostrado incapaz de desplegar una estrategia sólida de defensa legal y acompañamiento real. Lo que sí resulta evidente es la fractura entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de los migrantes, que se sienten doblemente vulnerables: por el hostigamiento de las autoridades estadounidenses y por la indiferencia —cuando no abuso— de sus propios representantes mexicanos.
No se trata de un hecho aislado. Así como Rutilio Escandón en Chiapas encubrió la violencia sistemática contra migrantes en tránsito y redujo el tema a una bandera política sin protección efectiva, hoy un cónsul en Denver reproduce el mismo patrón: discurso de victimización personal, silencio frente a los reclamos y omisión ante las violaciones de derechos humanos.
La pregunta se repite con fuerza: ¿para qué sirve una diplomacia que se dedica a defender la imagen de sus funcionarios en lugar de defender a sus ciudadanos? Los migrantes no necesitan comunicados defensivos ni cónsules atrincherados en la retórica. Necesitan abogados, acompañamiento, interlocución política y dignidad en el trato.
Si el gobierno mexicano no depura y exige rendición de cuentas inmediata, la diplomacia consular seguirá convertida en un aparato de simulación, incapaz de estar a la altura del desafío histórico: proteger a millones de connacionales en la era de la persecución migratoria.
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