Por Daniel Lee Vargas
En Estados Unidos, contar personas nunca ha sido un acto neutral. El censo, que cada década define la representación política y la distribución de miles de millones de dólares en fondos federales, es un mapa de poder tanto como un retrato demográfico. Donald Trump lo sabe, y por eso ha decidido intervenirlo de nuevo, un año antes de las elecciones de medio mandato, ordenando un “nuevo y altamente preciso” conteo que excluya a los migrantes en situación irregular.
El movimiento es tan calculado como incisivo. No se trata solo de estadísticas: excluir a millones de personas del censo altera la composición del Congreso, redistribuye votos en el Colegio Electoral y redefine políticas públicas por una década. Es, en esencia, un rediseño del tablero político bajo pretexto administrativo.
Trump ya intentó algo similar en 2020, buscando incluir una pregunta sobre ciudadanía que la Corte Suprema frenó. Ahora regresa con un método más agresivo: borrar directamente a una población que, aunque carezca de papeles, vive, trabaja, paga impuestos indirectos y contribuye al país de manera tangible.
El contexto no es menor. En medio de una desaceleración demográfica, la población inmigrante creció en 1.6 millones solo entre 2022 y 2023, la mayoría latinoamericanos. De los 47.8 millones de migrantes que residen en Estados Unidos, casi tres cuartas partes lo hacen legalmente, según el Instituto de Políticas Migratorias. Pero la fracción sin papeles, aunque minoritaria, se ha convertido en un blanco político recurrente.
Para México, el golpe sería directo. Según el Pew Research Center, alrededor de 11 millones de personas nacidas en México viven en Estados Unidos, de las cuales entre 4 y 5 millones se encuentran en situación irregular.
Si se les excluye del censo, no solo se borraría estadísticamente a casi la mitad de la diáspora mexicana sin papeles, sino que se reduciría la capacidad de influencia de comunidades enteras en estados como California, Texas, Arizona e Illinois. Allí, la presencia mexicana no solo se refleja en el trabajo agrícola, la construcción o los servicios, sino también en el consumo, la cultura y el envío de remesas que superan los 63 mil millones de dólares anuales hacia México.
Las consecuencias políticas son evidentes. Si en 2020 se hubiera eliminado a los migrantes indocumentados del censo, estados como California habrían perdido representación en la Cámara de Representantes. Hoy, la estrategia encaja con la ofensiva republicana para redibujar distritos en Texas y otros estados clave, con la expectativa de sumar hasta 10 escaños antes de las elecciones de 2026.
El censo que Trump propone no es una herramienta técnica, es un arma electoral. Al redefinir quién cuenta y quién no, se redefine también quién decide, quién legisla y quién accede a recursos. Y en ese juego, millones de migrantes —muchos de ellos mexicanos— que ya viven bajo políticas restrictivas, amenazas de deportación y un discurso que los criminaliza, pasarían a ser oficialmente invisibles para el Estado.
En la historia de la democracia estadounidense, la manipulación del censo siempre ha sido un termómetro de exclusión. Lo que está en juego hoy no es solo una cifra, sino la arquitectura política de una nación que, al negarse a contarlos, pretende negar que existen.
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